Campamento Dignidad pide que las viviendas privadas deshabitadas se destinen a "alquiler social"
31 de Julio de 2015
Campamento Dignidad de Extremadura mantuvo una reunión en la tarde de ayer con el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, en la que le trasladaron sus propuestas.
En referencia a la Renta Básica, Campamento Dignidad ha exigido el pago antes del 15 de agosto, para todas aquellas personas con resolución favorable de esta ayuda. Con esto alrededor de 15.000 personas recibirán dicha ayuda. Además también han exigido “el pago de los atrasos acumulados”.
Siguiendo en la línea de la Renta Básica también han pedido al consejero que se resuelvan aquellas solicitudes en las que haya transcurrido más de dos meses tras su presentación.
Igualmente han solicitado la contratación de profesionales de refuerzo en los servicios sociales de base y en los servicios centrales “mientras dura el actual sistema”, para, “evitar el colapso de peticiones en el proceso de renovaciones”, y que posteriormente, a medio plazo, “debe considerarse la ampliación de dichos contratos”.
Finalmente, en relación a la Renta Básica, Campamento Dignidad ha considerado la nueva convocatoria de las “Ayudas de Protección Urgente” para pagar recibos de luz, agua o vivienda.
Además, los movimientos han solicitado más puntos de información acerca de la Renta Básica en las principales ciudades de la región, además de una “modificación de la plataforma informática”, para “facilitar” una información más precisa del estado del proceso a todos los profesionales.
VIVIENDAS SOCIALES PROPIEDAD DE LA JUNTA
Campamento Dignidad ha solicitado la “retirada” de los más de 1.300 expedientes de desahucios administrativos en las viviendas propiedad de la Junta de Extremadura. Igualmente consideran que la moratoria de alquileres sociales “debe prorrogarse”.
Asimismo han estimado que deben “regularizarse” las llamadas “ocupaciones ilegales”
VIVIENDAS PRIVADAS
Como medidas en el ámbito de las viviendas privadas, los movimientos reunidos en la tarde de ayer, han pedido que se “destinen viviendas deshabitadas a su uso en régimen de alquiler social”.
“No firmar contratos con entidades que desahucien o vulneren los derechos humanos de la gente en la región”, ha sido otras de las peticiones que han realizado.
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