CNT: “Estar geolocalizados es un atentado contra nuestras libertades”

Desde CNT-Badajoz han querido aprovechar la publicación en el BOE del pasado sábado, 28 de marzo, de la orden SND/297/2020 de 27 de Marzo sobre el control de la movilidad, para pedir a los poderes públicos “que no se aprovechen del rio revuelto que el virus COVID-29 está provocando para aprobar decretos, órdenes y medidas que, sin justificación sanitaria clara de ningún tipo, limitan o hacen desaparecer derechos y libertades de los ciudadanos”.

En la citada orden, dado el actual estado de alarma y debido a la expansión del virus COVID-19, se encomienda a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (Dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos, no del de Sanidad) en su apartado segundo, el análisis de la movilidad de las personas en los días previos y durante el confinamiento. Eso sí, según ellos garantizando la protección de nuestros datos y de forma anónima.

La justificación de "tamaño atropello" es según ellos sanitaria, pero si se lee con detenimiento el objetivo que aparece en dicha orden se observa que no puede ser más confuso: “entender los desplazamientos de la población para ver cómo de dimensionadas están las capacidades sanitarias en cada provincia”.

Para ver “cómo están de dimensionadas las capacidades sanitarias en cada provincia” CNT cree que solo tienen que preguntar a los responsables administrativos sanitarios de cada una de ellas ¿cómo están los hospitales?, (número de enfermos, de camas, de profesionales,... en cada momento, así como número de habitantes de esa provincia, número de médicos por habitantes, etc), algo que además podrían hacer y deberían, sin necesidad de esperar a que llegue una pandemia.

Cuestión, además, que todos los políticos de este país saben, y es que las capacidades sanitarias “están dimensionadas muy por debajo de las necesidades de los ciudadanos, sobre todo porque no hacen más que recortar el presupuesto en Sanidad Pública”, (no tienen más que ver las listas de espera, las epidemias anteriores de gripe con pacientes en los pasillos, la falta de equipos médicos….etc).

Para cumplir con ese objetivo que ellos mismos citan no hace falta conocer, porque no tiene nada que ver, los desplazamientos de las personas ni antes, ni durante el confinamiento.

Si lo que importa de cara a los contagios es ver los grandes movimientos de población que ha podido haber, no hace falta geolocalizar a las personas, solo con leer las noticias o asomarse a la calle, cualquiera -y más las autoridades- puede conocer si ha habido, dónde y cuándo, conciertos, manifestaciones, concentraciones, congresos, etc.

Si lo que se quiere saber es con quien ha tenido contacto algún paciente basta con preguntarle, aunque después no sirva para nada porque, hasta el momento, no hay equipos para hacer test ni siquiera a los que tienen síntomas leves, como para hacerlos a los que son asintomáticos…

¿APP DE DESCARGA VOLUNTARIA?

“No contentos con esto, en su primera disposición dicen que crearán una aplicación (suponemos que de descarga voluntaria) para informar a los ciudadanos y, a través de ella, podrán geolocalizarlos. O sea, que si alguna persona está interesada en solicitar información tendrá que pagar el precio de poder estar geolocalizada. Si quiere la información, necesita la aplicación, y ésta conlleva la geolocalización de su persona. La información ciudadana debería ser, no solo obligatoria, sino incondicional. Y nos dicen, se supone que para tranquilizarnos, que sólo se usará para ver si es verdad que la persona está en la comunidad que dice estar, todo un ejemplo de confianza en el ciudadano”, argumentan desde CNT.

Posteriormente las autoridades han matizado este asunto, debido a las quejas de más de un colectivo, aclarando que lo de la posibilidad de geolocalización de la aplicación será voluntaria y que no se realizará sobre personas individuales, pero “no sabemos que otro tipo de personas existen”, ironizan.

“Pero no es eso lo redactado en el BOE, que tiene la obligación de ser claro en cuanto a los temas regulados, no se puede tener que estar a expensas de las posteriores aclaraciones que al respecto haga la autoridad, que donde dice digo, más adelante puede decir diego. Solo hace falta recordar que el ejército salió a la calle, repetido por ellos hasta la saciedad para hacer tareas de apoyo y de desinfección, y ahí están ahora, de policía apatrullando la ciudad, debe de ser porque los efectivos policiales son insuficientes para controlar a una población que en su inmensa mayoría está acatando el confinamiento diariamente”.

En cuanto a lo de garantizar la protección de datos, consideran que difícilmente va a poder conseguirse cuando el responsable de ellos (el Instituto Nacional de Estadística), encargará el trabajo de tratarlos a los operadores de comunicaciones electrónicas móviles, y éstos a su vez podrán (autorizados por el Instituto) encargar la ejecución a otros terceros. “Lo que significa que nuestros datos pasarán por más manos que la moneda en curso, por mucho que luego los anonimicen o que se procure velar por que sean anónimos mientras se trabaja con ellos”.

En definitiva tachan esta orden de despropósito. “Un atentado contra nuestras libertades que usa como justificación un supuesto beneficio sanitario que no tiene relación con la medida tomada. Una forma desvergonzada, aprovechándose de una pandemia, de dar otra vuelta de tuerca al control y vigilancia de la ciudadanía”, concluyen.