Dura crítica del Tribunal de Cuentas a la Gestión Ambiental en Extremadura

El pasado día 8 de abril, el Diario Oficial de Extremadura publicaba el capítulo de conclusiones con el que el Tribunal de Cuentas cerraba su “*Informe Anual de Fiscalización de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Ejercicio 2016*”, a pesar de que la Presidencia de la Junta ya había recibido este el día 2 de enero de 2019.

Para Ecologistas en Acción de Extremadura, resulta muy llamativo que este Tribunal, en la versión íntegra de su Informe, haya identificado tal cantidad de deficiencias en la Gestión Medioambiental de la Junta de Extremadura como para haber merecido que le dedique un apartado específico dentro de su capítulo “*Análisis de la gestión*”.

Abre este apartado centrándose en la “*Gestión de los Montes*” ya que es, con diferencia, el ámbito que más deficiencias presenta. Así, comienza detallando una serie de incumplimientos en referencia a la *Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura* (LAE), tales como que, “*a 1 de abril de 2018 aún no se había declarado ningún monte protector*” ni se había realizado ninguna actuación por parte de la Administración “*para el fomento de la agrupación de montes públicos o privados que asocie a pequeños propietarios con objeto de alcanzar dimensiones adecuadas para facilitar su ordenación integrada y gestión conjunta*”.

De igual modo, atendiendo a la necesidad expresada en esta Ley respecto a su desarrollo reglamentario, “*no se ha procedido al dictado de las Instrucciones de ordenación y aprovechamientos de montes, ni al de los registros de empresas, cooperativas e industrias forestales previstos en la misma*” ni se ha articulado un procedimiento administrativo “*relativo a comunicar la cuantía realmente obtenida [por estas empresas] de los aprovechamientos maderables y leñosos*”.

Respecto a la planificación forestal, para la misma fecha aún no se había aprobado ninguna de las Instrucciones de *Ordenación y Aprovechamientos de Montes*, que garantizan su gestión sostenible, ni los *Planes Anuales de Mejoras en montes catalogados de utilidad pública de la Comunidad Autónoma*.

Además, resalta que Junta de Extremadura desatiende su obligación de colaborar con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en la elaboración de la *Información Forestal Española* al remitir los datos de estadística forestal con dos años de retraso de forma reiterada.

Abundando en estas deficiencias, el Tribunal de Cuentas destaca que “*la CAEX no cuenta con un registro autonómico de infractores donde inscribir a las personas físicas y jurídicas sancionadas, en virtud de resolución administrativa firme, por determinadas infracciones de la legislación de montes. En 2016 se reclamaron indemnizaciones a nueve infractores en Cáceres, siendo nula la tramitación de expedientes sancionadores en Badajoz*” y que “*del seguimiento de las indemnizaciones reclamadas se deduce que en Cáceres se requirió a dos infractores en 2015 (por un total de 3 miles de euros) y a nueve en 2016 (12 miles de euros más un importe pendiente de determinar correspondiente a dos expedientes). En Badajoz no se ha acreditado la existencia de ningún expediente sancionador del que se hayan derivado indemnizaciones en los referidos ejercicios*”.

Añaden que no menos graves son las deficiencias advertidas en el apartado de Evaluación Ambiental, de las que hace una relación pormenorizada y que, aun siendo menos numerosas que las anteriores, son de una mayor gravedad. Como destaca al inicio, algunas que se derivan de no haberse abordado la adaptación de la legislación autonómica a la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental estatal, por lo que el Tribunal de Cuentas prevé, “*con alta probabilidad, deficiencias en la aplicabilidad de lo dispuesto en ambas normas*”.

Para Ecologistas en Acción de Extremadura, este informe confirma las reivindicaciones y denuncias que viene presentando a la Dirección General de Medio Ambiente desde hace años, pues coinciden exactamente con las deficiencias detectadas y advertidas por el Tribunal de Cuentas en la gestión medioambiental de la región, aun no siendo este un órgano caracterizado por tener una postura excesivamente rigurosa en esta materia.

Por tanto, conmina a la Junta de Extremadura a que sea coherente con los ampulosos planes que promueve (*Plan de Vigilancia e Inspección Ambiental 2014-2020*, *Estrategia de Economía Verde y Circular Extremadura 2030*, etc.) y acometa decididamente la tarea de corregir estas y otras deficiencias y haga de la Gestión Ambiental un instrumento verdaderamente eficaz.