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Región

El Juzgado también deniega la libertad provisional de Huertas

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13 de Enero de 2017

El Juzgado también deniega la libertad provisional de Huertas

Una nueva sacudida para UPA-UCE. De nuevo el auto judicial deniega la puesta en libertad para su dirigente Ignacio Huertas. Pasaba hace dos días lo mismo con Maximiano Alcón. El Juzgado cree que la puesta en libertad de los dirigentes entorpecería la investigación que se está llevando a cabo.

La organización agraria ha mostrado su absoluto rechazo a que se “infravalore” el contenido del informe aportado por la Junta de Extremadura y que se “minimicen los errores en la instrucción policial que han provocado conclusiones erróneas y acusaciones infundadas”.

Para la organización, resulta de todo punto “infundado y pretencioso” que el auto asevere que “no resulta por el momento definitivo el informe presentado”, cuando el mismo, según asegura UPA, “ha dado cumplida respuesta a todos y cada uno de los requerimientos de información solicitados”.

“Si bien es cierto, que la información objetiva que contiene dicho informe, respaldada por la actuación de funcionarios públicos que han desempeñado su labor en la administración regional bajo gobiernos de distinto signo, no hace sino desmontar las conclusiones a las que precipitadamente llegó una instrucción policial viciada por graves errores y exculpar a UPA-UCE, sus dirigentes y sus trabajadores, de haber cometido delito alguno”, indica en una nota de prensa.

“No es posible -asegura UPA-UCE- que una instrucción policial que ha dejado manifiesta su falta de capacidad para interpretar correctamente las normas comunitarias, estatales y autonómicas que regulan la prestación de servicios de asesoramiento a explotaciones pretenda enmendar la plana a los funcionarios que en el ejercicio de sus competencias han realizado el control administrativo de los expedientes, comprobado la prestación del servicio y verificado su idoneidad mediante controles sobre el terreno en el que han estado presentes”.

ERRORES

Asimismo, UPA-UCE no alcanza a entender cómo un auto judicial puede minimizar “graves errores” en la instrucción policial. Entre ellos, la organización agraria apunta, “la presión ejercida por las fuerzas de seguridad a los agricultores que fueron llamados a prestar declaración a los que además no se les prestado asistencia letrada”.

Otro error, según indica,  es que algunos de los agricultores llamados a testificar para interrogarles sobre el modo en que habían recibido el servicio de asesoramiento “ni siquiera eran perceptores de ayudas".

Por todo ello, UPA-UCE Extremadura reitera que la instrucción judicial “ni puede validar una instrucción policial viciada que induce a errores ni debe restar valor a los informes emitidos por la administración competente, que aseguran que el servicio se prestó correctamente y exculpan a UPA-UCE, sus dirigentes y sus trabajadores”.

UPA-UCE considera que, si se actuara de ese modo, “obviando graves errores y restando valor al informe de la Junta, cabría extraer la conclusión de que todo el sistema de asesoramiento a explotaciones prestado en Extremadura tendría que estar bajo sospecha, por lo que no se entendería que sólo estuviera siendo objeto de investigación UPA-UCE, que prestó sólo el 23% de los servicios de asesoramiento y no al 77% prestado por otras entidades”.

Finalmente para UPA, la libertad de Ignacio Huertas y Maximiano Alcón es en estos momentos “una obligación exigible a la justicia a la vista de los hechos”, y señalan que “no descansarán hasta que se esclarezca la verdad y se ratifique la inocencia de sus dirigentes”. 

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1  comentario

Ibn Marwan
14/01/2017 08:27 h.
El caso de upa va camino de convertirse en una novela policiaca

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