Badajoz
29 Marzo 2024
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Herrera: "No me consta que haya habido lesiones ni denuncias"

Badajoz

17 de Mayo de 2018

Tensión en la concentración ante la prisión de Badajoz

La concentración de protesta convocada para este jueves ante la cárcel de Badajoz, por las organizaciones sindicales ACAIP (Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias) sindicato mayoritario en el ámbito penitenciario, y CCOO y UGT, se ha desarrollado bajo tensión y algunos incidentes.

Mientras que las organizaciones convocantes se quejan de que la Policía Nacional acotó "en exceso" el espacio que podían ocupar durante la protesta, tratando a los manifestantes "como animales acorralados", Cristina Herrera, delegada del Gobierno en Extremadura, afirma que no le consta la existencia de incidentes graves, de denuncias o de lesiones.

Según la delegada, la concentración se inició a las 7:30 horas, con algunos forcejeos porque los manifestantes pretendían sentarse en la calzada y cortar la carretera, algo que no estaba autorizado. “Los agentes no permitieron la sentada, les obligaron a dejar libre la carretera y todo quedó en eso”.

Como ya informó 7Días, las organizaciones convocantes justifican su protesta en la “defensa de unas instituciones penitenciarias públicas, la mejora de las condiciones laborales y los derechos de las trabajadoras y trabajadores penitenciarios, así como la eliminación de la brecha salarial entre centros. No pudiendo continuar esta Administración Penitenciaria haciendo oídos sordos a las reivindicaciones del colectivo, por lo que esta semana continuamos las movilizaciones”.

Igualmente los sindicatos consideran “que es urgente convocar una oferta de empleo público extraordinaria para afrontar la pérdida de efectivos, como consecuencia de la existencia de 3.393 plazas vacantes y el grave problema del envejecimiento de las plantillas”.

“Sin personal suficiente”, añaden, “no pueden ejecutarse las más de 285.000 condenas por sentencia firme que se imponen al año por los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional penal, y que son gestionadas por el servicio público penitenciario. Estos problemas de personal dificultan gravemente la posibilidad de una correcta reeducación y reinserción social de los internos, incumpliendo así el mandato constitucional del artículo 25.2”.

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