Inician movilizaciones para evitar la privatización de una residencia de mayores extremeña

El pasado 21 de diciembre de 2020, se celebró en el Ayuntamiento de Aliseda, gestionado por el Partido Popular, un pleno extraordinario entre cuyos puntos del orden del día estaba la privatización de la Residencia de Mayores del municipio.

Desde el consistorio alegan unos datos aproximados de déficit que no son posibles de asumir por parte del consistorio, y que según el Alcalde provienen de épocas y mandatos anteriores. Dicha propuesta fue aprobada con el único voto de los populares, en contra del criterio del resto del consistorio, indican desde CCOO.

Actualmente la residencia cuenta con 55 residentes, de los cuales 36 son dependientes, 5 semiasistidos y 14 válidos. El número de trabajadores que se vería afectado por la privatización asciende a 36 entre cuidadores, auxiliares, personal de cocina y lavandería.

Entre los motivos que argumentan para haber llegado a esta situación está el elevado gasto de personal que le originan al Ayuntamiento las nóminas de estos trabajadores, así como la subida del salario mínimo interprofesional. “Hemos de reseñar que la media de salario de los trabajadores en la residencia ronda ese salario mínimo, es decir, que no estamos hablando de salarios desorbitados, sino más bien de todo lo contrario”, indican desde CCOO.

Además, desde el Consistorio alegan una mala praxis  a la hora de realizar contratos, que se habrían celebrado sin atender a los requisitos necesarios.

Indican que en ningún momento han tomado medidas alternativas para paliar la supuesta quiebra que supone el mantenimiento de la Residencia, no se ha solicitado a la Junta de Extremadura ningún tipo de apoyo o Subvención o una reorganización de los servicios y del personal, "es evidente la falta de organización y supervisión que ha existido, pero que es posible subsanar si se trabaja con seriedad y transparencia".

Desde CCOO, junto con el resto de sindicatos iniciaran movilizaciones en el municipio para  evitar que culmine la privatización de un servicio público que es necesario y esencial en Aliseda, velando tanto por los derechos laborales de los trabajadores, como por la salud y el bienestar de los residentes que también sufrirán las consecuencias de una gestión privada, con peores atenciones asistenciales y a merced de un interés mercantilista que nada tiene que ver con la gestión de los servicios públicos, concluyen desde el sindicato.