La Ley de Emergencia Social de Vivienda continúa su trámite en la Asamblea

Tras no prosperar las enmiendas a la totalidad de la oposición a la Ley de Emergencia Social, ésta continuará su trámite parlamentario en una comisión que se creará para abordar esta ley.

PP y Ciudadanos planteaban un rechazo total en su enmienda, estimando que la ley debía ser devuelta a la Junta de Extremadura. Sin embargo, Podemos planteaba un texto alternativo, aunque aun así su enmienda a la totalidad también ha sido rechazada.

Por su parte, el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha dicho que el objetivo principal de esta ley es el de “evitar que haya gente sin casas y casas sin gente”, añadiendo que este proyecto de ley, “cumple con el mandato constitucional del derecho a una vivienda digna”.

Así ha recordado el “esfuerzo” que la Junta ha desempeñado con esta ley. Recuerda así algunas de las políticas que se incluyen como el Observatorio para conocer la realidad del parque residencial de viviendas de Extremadura, la protección a las familias del sobreendeudamiento y de las ejecuciones hipotecarias, la modificación del acceso a las viviendas de régimen de alquiler, el convenio con la sociedad de activos SAREB, las mesas de trabajo con las entidades financieras, las aminoraciones del alquiler social o las medidas especiales para personas en riesgo de exclusión social.

“Por tanto, este proyecto es una medida importante pero dentro de un todo de la política de vivienda de la Junta de Extremadura”, ha defendido Vergeles. El proyecto de ley consta de 3 artículos, una disposición adicional y dos disposiciones finales y su anclaje legal es “la función social de la vivienda y su destino efectivo a su uso habitacional”.

El proyecto de ley atribuye a la Junta de Extremadura el derecho de tanteo sobre las viviendas de protección pública que enajenen las entidades financieras con el solo objetivo de destinarlas al alquiler social y contempla, a través de la intermediación bancaria en coordinación con otras instituciones, la protección a las familias en riesgo de ejecución hipotecaria.

Según el consejero, para evitar que haya gente sin casas y casas sin gente “proponemos sancionar a personas jurídicas por viviendas vacías” y “mantenemos el objetivo de desahucios cero para familias que no pueden pagar”. En ese sentido, la ley permite expropiar el usufructo de viviendas objeto de ejecuciones hipotecarias.

Vergeles también ha aludido a la intención del ejecutivo de que la ley se mantenga en el tiempo. En consecuencia, se han atendido “prácticamente todas las cuestiones que planteaba el Consejo de Estado” en el informe solicitado por la Junta, por lo que es “respetuoso” con la legislación estatal.

Finalmente, este proyecto de ley continuará su trámite parlamentario en la comisión correspondiente, donde se abordarán las enmiendas parciales que los grupos parlamentarios presenten.