20 abril 2019
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El pasado 17 de agosto de 2018, la Unión Extremadura presento una denuncia ante la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura, por entender que algunas bodegas de Extremadura estaban “vulnerando” la ley de Mejora de la Cadena Alimentaria, ya que “estaban recogiendo uva sin realizar los correspondientes contratos” y por lo tanto “sin establecer el precio de la uva antes de su recepción tal como estipula la citada ley”.

La organización agraria indica que esta práctica parece ser la habitual en este sector, ya que las denuncias se han efectuado en la mayor parte de las regiones productoras de vino de España. “La mayor parte de las bodegas españolas, empiezan a recoger y transformar la uva y no establecen el precio hasta que una reconocida  bodega de Castilla La Mancha (Félix Solís) no establece el precio de este producto”, señalan.

Por la información recibida del AICA, “se han detectado 43 infracciones en los 19 expedientes sancionadores, de los cuales 15 expedientes son para bodegas, 3 para distribución minorista y 1 para la distribución mayorista”, explican desde La Unión de Extremadura.

“Casi la totalidad de los expedientes abiertos han sido debidos al incumplimiento de los plazos de pago de la uva a los viticultores”, asegura esta organización agraria, al tiempo que recuerda que la ley establece un plazo máximo de un mes para el pago de este producto al ser perecedero.

En Extremadura ha sido sancionada una bodega por estas prácticas, aunque la Agencia no ha querido identificar a la bodega incumplidora.

La Unión Extremadura lleva exigiendo a ambas administraciones que las inspecciones no se realicen solo a petición o denuncia de las asociaciones, que esta práctica de inspeccionar debería ser la norma común ya que como se puede apreciar por el ratio de empresas sancionadas, el incumplimiento de esta ley está a la orden del día.                      



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