24 septiembre 2018
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OPINIÓN: Televisión pública, ¿con servicios privados?

La televisión y radio extremeñas están financiadas de manera 100% pública, es decir, con dinero de todos los extremeños. Una televisión y una radio que, por tanto, deberían ser totalmente transparentes y accesibles. Sin embargo, no lo son porque el Consejo de Administración de la Corporación Extremeña de Medio Audiovisuales (CEXMA), que engloba a estos dos medios, es privado.

No se puede contar nada de lo que se dice y se decide en ese Consejo de Administración, y si se hace, sus miembros se enfrentan a una denuncia por no cumplir la normativa de la empresa, que se rige por las leyes del derecho mercantil. O lo que es lo mismo, estamos ante una entidad donde la financiación es absolutamente pública pero que obedece a la legislación de las empresas privadas, imposibilitando la transparencia y publicación de lo que ocurre en las sesiones de su Consejo.

Si alguno de los miembros de ese órgano se nos ocurriera hablar o contar lo que pasa ahí dentro nos enfrentaríamos a una excomunión de las chungas o, mucho peor, a una denuncia judicial. Por lo tanto, es evidente que debemos de trabajar para cambiar la legislación, y que entre otras cuestiones, se pueda difundir libremente la información de esta empresa financiada con dinero público.

Pero la reforma de la Ley de lo Audiovisual en Extremadura debería contemplar cambios muchos más profundos, ya que es una necesidad reglamentar de forma clara lo que debe hacer la televisión y radio como servicio público, y qué partes podrían derivarse al sector privado, es decir a las productoras audiovisuales. La Ley debería contemplar un suelo de inversión que garantice la supervivencia de los medios de titularidad autonómica.

Y es que en la actualidad, la televisión y radio extremeñas no pueden cumplir con el mandato de servicio público al tener parte de la producción externalizada, es decir, que hacen empresas privadas a cambio de un pedazo del pastel. En la tele siempre se ha entendido que debe existir una parte de la producción que debe dejarse en manos del sector privado para “garantizar el tejido empresarial extremeño en el ámbito audiovisual”. O lo que es lo mismo, en manos de productoras amigas y cercanas, pero también las que no son tan amigas, que permitan al Gobierno de turno tener controlados los contenidos que se emiten desde los medios públicos.

Hay espacios ya en la tele extremeña que se están cediendo por completo a las empresas privadas, a cambio de los millones que la Dirección General de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales reparte cual crupier. De hecho, no solo se ha derivado a productoras externas casi toda la parrilla televisiva, sino que ya se ha llegado a privatizar una “mijina” los servicios informativos.

Y es que en Extremadura los informativos son 100% públicos de lunes a viernes. Es decir, son gestionados y producidos por personal de la casa, mientras que los fines de semana la cosa cambia, ya que, amigas mías, los sábados y domingos son gestionados por empresas privadas, lo que nos cuesta, redondeando, un millón de euros al año.

A pesar de que sindicatos y la CEXMA no se ponen de acuerdo en cuánto supondría para las arcas públicas “internalizar” los informativos externalizados, en el peor de los casos hacer que estos servicios sean 100% públicos, es decir elaborados por personal de la cadena y no procedentes de empresas externas, lo que debería ser, a mi entender, una premisa en cualquier televisión pagada con dinero de todos, nos costaría unos dos millones de euros. Si a esos dos millones le quitamos el millón de euros que ya suponen los informativos de fin de semana, el coste de la internalización sería de un millón de euros. Y aunque el presupuesto de la CEXMA es escasito, sí que existe margen para recuperar esos contenidos y que sean elaborados por trabajadores propios de la cadena.

Evidentemente contar con unos informativos absolutamente públicos no garantiza la pluralidad ni la imparcialidad que se le presupone a una televisión pública, pero al menos sí garantizaría la responsabilidad de los contenidos. Además, a esto habría que sumarle la existencia de un Consejo de Informativos controlado por los propios trabajadores, algo fundamental para que los profesionales tengan autonomía a la hora de elaborar su trabajo, sin injerencias de ningún tipo.

Pero yo iría mucho más allá. ¿Por qué no recuperar otro tipo de contenidos? ¿Por qué, por poner un ejemplo, un programa de empleo no puede hacerse desde la propia casa? No voy a decir que toda la parrilla tenga que hacerse con trabajadores del Canal, no lo digo aunque en mi mundo feliz sí que me lo imagino, pero sí que deberían estar en manos del control directo de la cadena todos los programas que se entiendan como de valor o de interés público.

Todo ello podría hacerse con voluntad política y debería estar contemplado en la nueva Ley de lo Audiovisual, que la portavoz del Gobierno, Isabel Gil Rosiña, garantizó que estaría aprobada antes de que finalizara la legislatura, y que sería una normativa consensuada por todos los grupos parlamentarios y los diferentes agentes sociales del sector audiovisual extremeño. Hace más de un año tuvimos los primeros contactos con estos agentes, y después de aquello, el más absoluto de los silencios, ni los grillos suenan en la sala de reuniones para abordar la reforma de esa Ley.

Sin embargo, ahora sí que cree el Gobierno que es posible sacarla. ¿En serio quieren hacernos creer que va a ser posible aprobarla a escasos meses de las elecciones, con el consenso de todos los partidos y el beneplácito de todos los actores sociales? ¿En serio creen que es posible sacar una buena Ley? Ni de broma, pero es más, me atrevo a decir que a estas alturas no habrá Ley, salvo que alguien -del PSOE, vamos- se atreva a presentar un texto de forma unilateral o pactado de tapadillo con los de siempre.

En fin, dicho todo esto, solo me queda aclarar que yo, a diferencia del Gobierno, sí que creo en la televisión y en la radio 100% públicas, con independencia y sin ingerencias. Y sí entiendo que necesitamos una nueva Ley de lo Audiovisual, que tenga en cuenta las necesidades de la industria audiovisual pero, especialmente, las necesidades de las extremeñas y de los extremeños.

POR: Jorge Caldera Serrano (Representante de Podemos Extremadura en el Consejo de Administración de la CEXMA).



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