Podemos detecta presuntas “ilegalidades” en un proceso de contratación del Ayto.

Remigio Cordero se ha hecho eco de un escrito remitido por el abogado pacense Felipe Martín, al alcalde Francisco Javier Fragoso, en el que asegura que el adjudicatario de un proyecto municipal “imposible de realizar en tiempo y forma” será Ignacio Sánchez Rubio.

Podemos Recuperar Badajoz, a través de su portavoz, ha denunciado la presunta “ilegalidad” en el contrato de Asistencia Técnica para la Gestión de Proyectos en la Alcazaba. Un contrato que contempla una inversión de 60.000 euros y que la formación morada entiende como "irrealizable" por las peculiaridades del pliego de condiciones, sobre las que destaca la subida de documentos a la Plataforma Fondos 2007 que permanece cerrada desde diciembre de 2015.

Cordero ha señalado en rueda de prensa, que “los requisitos de la memoria son imposibles de realizar, se trata de un pago en diferido. La mayoría de estos trabajos administrativos pueden hacerlos trabajadores municipales. Esto es claramente ilegal, un contrato imposible de ejecutar en el que hay que subir documentos a una plataforma que está cerrada hace dos años. Las tareas administrativas se pueden realizar perfectamente a través de personal del Ayuntamiento”.

El edil califica de “sorprendentes” estas características de un proyecto que contempla "trabajos que tenían que estar hechos". "Hablamos de cosas que ya han ocurrido. ¿Cómo se va a adjudicar ahora algo que ya se hizo o lo que se pretende es contratar a una empresa externa?", se preguntan.

ESCRITO A ALCALDÍA DEL ABOGADO FELIPE MARTÍN

El portavoz de Podemos ha mostrado un escrito remitido por el abogado pacense Felipe Martín, al alcalde Francisco Javier Fragoso, en el que asegura que el adjudicatario del contrato de Asistencia Técnica para la Gestión de Proyectos en la Alcazaba será Ignacio Sánchez Rubio de la empresa Seta Consultores.

En este documento, el letrado, advierte que de producirse esta adjudicación a la referida empresa, "abrirá una investigación y pedirá explicaciones al respecto".

IRREGULARIDADES EN EL HOSPITAL PROVINCIAL

Por otra parte, Cordero, ha señalado las “irregularidades” que ha detectado en la licitación para el Estudio de Detalle Y Proyecto de Actuación Singular en el edificio del antiguo Hospital Provincial San Sebastián, recordando que a la publicación de este contrato, ya advirtió de que no existía cláusula alguna de incompatibilidad o deber de abstención “como es norma en los concursos públicos”, recalcando que “no pueden participar miembros de la mesa de contratación o del jurado entre otros”.

En este sentido, sospechaba que al no incluir esa cláusula se permitiría concurrir a las personas que avalaron el Plan Director. El Plan “se ha contratado a unos arquitectos de Badajoz, ignorando a los arquitectos de la Diputación. Ya sospechaba que se iba a permitir la presentación a la ejecución de los proyectos a empresas responsables del Plan Director”.

La apertura y reactivación de los patios es el primer tramo de la recuperación del hospital a acometer y “resulta que cuando se hace pública la relación de empresas concurrentes aparecen dos arquitectos como son Julián Prieto y Daniel Jiménez que fueron firmantes del Plan Director, dándose la circunstancia de que ese equipo elaborador opta a  su desarrollo disfrutando de una clara posición de ventaja”.

Para concluir, Remigio Cordero, ha argumentado que “cuando las entidades del sector público necesitan proveerse de obras, servicios, productos o bienes deben acudir al mercado a contratarlas al amparo de los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia en los procedimientos, no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, estabilidad presupuestaria y control del gasto, necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación”.