Podemos: “La Junta continúa con su clientelismo”

Hoy se ha celebrado la Comisión de Economía, Infraestructuras, Turismo, Industria y Energía en la que comparecía la Directora General de Energía y Mina, Olga García García.

El Diputado de Podemos Extremadura, Eugenio Romero ha preguntado a la Dirección General competente por las “irregularidades” detectadas y recurridas por la Plataforma "Salvemos la Montaña de Cáceres" sobre el proyecto de la mina a cielo abierto de Valdeflores, proyecto que se encuentra a menos de tres kilómetros del núcleo urbano de la ciudad de Cáceres, que está adjudicado a una empresa ubicada en Madrid.

En este sentido, Romero ha manifestado las “contradicciones e irregularidades que se están dando, en un proceso que arroja muchas sombras y pocas luces”. En primer lugar, “que el proyecto incumple el Plan General Municipal (PGM) de la ciudad de Cáceres, Patrimonio de la Humanidad, por lo que su posible modificación respondería a criterios puramente arbitrarios despreciando criterios técnicos”. Señala que “el PGM de Cáceres marca una distancia mínima de dos kilómetros al núcleo urbano y tres a otra actividad extractiva por lo que estaría prohibido con la ordenación municipal vigente”.

De esta forma destaca que a estas empresas se les “da trato de favor” respecto a las PYMES extremeñas para las que “la manga de la Junta se hace muy estrecha”.

Por otro lado, Eugenio Romero ha citado que el proyecto de Valdeflores tampoco cumple los requisitos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo Común, "pues no refleja el contenido completo de la autorización". En él se establece que la aprobación de determinados proyectos, públicos y privados, entre los que se encuentran las minas a cielo abierto de cierta dimensión, como la Valdeflores, deberán someterse "a un procedimiento específico de participación pública desde la fase más temprana del procedimiento, cuando todas las opciones están abiertas, y cuando el público pueda ejercer una influencia real tal y como recoge el Convenio Aarhus". 

Sin embargo, según Podemos, las personas afectadas “no han tenido conocimiento de este proyecto hasta que la maquinaria pesada ha entrado en sus propias parcelas privadas”. Por todo ello el diputado le ha hecho llegar a la Directora General que el proyecto está despertando “una gran oposición ciudadana con la formación de plataformas como la Plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres que alega una serie de perjuicios al medio y a la población”.

Por último, ha querido destacar que todo “se está gestionando con un secretismo que casa muy mal con la transparencia necesaria de una administración pública y más en un proyecto de esta envergadura”, y que, acogiéndose a una ley obsoleta y preconstitucional del año 73, alega secreto industrial y protección intelectual “cuando estamos hablando de un proyecto para explotar unos yacimientos minerales que son de dominio público y que debería gestionarse con una transparencia absoluta”.