OPINIÓN: Ambulancias Tenorio, crónica de un desastre anunciado

Durante este Estado de Alarma, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura estimaba la solicitud de medidas cautelares por una demanda presentada contra Ambulancias Tenorio por la falta de material de protección. A dicha demanda se unió otra solicitando la prohibición de que los trabajadores limpiaran y desinfectaran en sus domicilios la ropa expuesta al riesgo biológico derivado de la COVID-19.

La Sala de lo Social del TSJEx estimó de manera urgente ambas medidas al considerarlas necesarias para proteger la vida y la integridad física de los trabajadores que prestan el servicio de ambulancias. Semanas más tarde la empresa apenas ha hecho movimientos y ahora toca solicitar una multa ejemplar porque incumplir la ley no puede salir más barato que cumplirla.

Esta ha sido la última página de esa novela negra, aún sin acabar, que protagoniza Ambulancias Tenorio. Atrás quedaron otras sobre huelgas, ambulancias sin material, transporte irregular de oxígeno sin etiquetar, ambulancias ardiendo y explotando, y un sinfín de historias que no dejan en buen lugar a esta empresa sevillana.

En el último año han sido dos las huelgas planteadas por los trabajadores aunque la primera fue desconvocada antes de su inicio. En ambos casos la empresa hizo uso de promesas incumplidas y en ambos casos tuvo la complicidad del Servicio Extremeño de Salud, organismo público y responsable último de la prestación del servicio, con quien  esta empresa lleva enrocada desde el verano de 2017, cuando se produce la apertura de sobres.

Y es que todo se inició con una licitación con más sombras que luces, que fue incluso investigada en la Asamblea de Extremadura. Todo empieza con los pliegos de condiciones del contrato. Unos pliegos de condiciones que no reflejan la realidad del servicio incitan a la empresa Ambulancias Tenorio a presentar una oferta muy por debajo del valor real. Dicha oferta fue aceptada por la Administración y ahora las consecuencias de aquella adjudicación la pagan trabajadores y usuarios. Y es que, aunque parezca mentira, desde aquel momento Ambulancias Tenorio pasa también a ser una víctima más del sistema, sin abandonar el rol de verdugo de otros.

En este país, las empresas tienen el derecho a la libre concurrencia a los concursos públicos, es más, tienen derecho a la concurrencia imprudente a dichos concursos. Una oferta temeraria debe ser rechazada por la Administración, porque no existen concursos adjudicados a ofertas temerarias de las empresas, existen concursos adjudicados temerariamente por la Administración. Ahora, esa misma Administración, percatada de su error, ha pensado que la mejor manera de salir de este embrollo es tapando y parcheando todas las deficiencias de la prestación del servicio. Para todo lo demás, la solución que han encontrado ha sido meter la cabeza en la tierra, como de costumbre.

Existen causas más que fundadas para haber penalizado a esta empresa por millones de euros, dinero que vendría muy bien a nuestras arcas públicas. Estas causas además son motivo más que suficiente para rescindir el contrato a Ambulancias Tenorio. Pero rescindir el contrato a Ambulancias Tenorio sería para la Administración reconocer su error en la adjudicación y parece que, en este caso, el orgullo puede más que la cordura.

Entre las últimas páginas de esta historia, una residencia de ancianos cacereña dio a conocer que han sido trasladados dos residentes, uno positivo de COVID-19 y otro negativo, en la misma ambulancia. Ante este hecho tan grave y lamentable la empresa ha evitado hacer declaraciones, y ¿la Administración que ha hecho? Pues cuando lo ideal hubiera sido anunciar una investigación y aclarar el asunto antes de dar el siguiente paso, lo que realmente ha hecho ha sido intentar silenciar a los críticos a base de amenazas, anunciado una persecución judicial a través de la Abogacía General de la Junta.

Yo creo que los ciudadanos no nos merecemos que se usen de esta manera tan abusiva los recursos públicos contra quienes ponen de manifiesto la deficiencias del sistema.

Pero empecemos por el principio. Después del prólogo del proceso de adjudicación vino el primer capítulo, el del cambio de adjudicataria del servicio de ambulancias. La empresa saliente era una Agrupación de Interés Económico llamada Consorcio Extremeño de Transporte Sanitario, que llevaba meses embarcada en una campaña de demolición contra la nueva adjudicación buscando el apoyo de los trabajadores. Pero la verdad es que el sector arrastraba más de 30 años de precariedad laboral y no todos los trabajadores la apoyaron. Es más, la mayoría de los trabajadores vieron el cielo abierto con este cambio y llegaron a posicionarse a favor de la nueva empresa aún sin conocerla. La empresa entrante era Ambulancias Tenorio, mercantil sevillana conocida en el sector por su mano dura en las relaciones laborales.

El asunto está en que el 1 de noviembre de 2017 se pasaba de aquel contrato firmado en 2008, que contemplaba 187 ambulancias para realizar servicios programados, a otro contrato que tan solo contemplaba 135 ambulancias para realizar dichos servicios. ¿Qué se puede esperar si de un día para otro se recorta en 52 el número de ambulancias para atender a la población?

Lo que pasó entonces no fue casualidad. Si sumamos que la empresa aún tenía muchas ambulancias en proceso de matriculación el escenario fue dantesco. Cientos si no miles de pacientes eran desatendidos cada día, esperando en sus domicilios por traslados que nunca se realizaron. Es posible que quien lea esto sea uno de ellos o conozca a alguno de los afectados.

Ese mes de noviembre de 2017 fue para olvidar. Muchos nos preguntamos donde estaban las asociaciones defensoras de los usuarios del sistema de salud. El día 20 de ese mismo mes, la Junta de Extremadura anunciaba subvenciones a 28 asociaciones de pacientes por un importe total de 423.000 euros. Juzguen ustedes.

Durante aquellos primeros días, las críticas desde la oposición fueron en aumento y tanto empresa como Administración empezaron a usar cada vez más la palabra boicot. Debo decir que incluso yo llegué a pensar que podía haber algo de eso detrás de todo aquel desastre.

Al poco se solicitó por parte del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Extremadura la creación de una comisión parlamentaria de investigación que aclarase que estaba pasando. Dicha comisión fue aprobada con el apoyo del resto de grupos de la cámara y se prolongó por casi 6 meses.

Durante esos 6 meses desfilaron a testificar diversos trabajadores y ex-trabajadores, sindicalistas, políticos, funcionarios, representantes de asociaciones y expertos. A pesar del especial interés de algún grupo, se concluyó que no hubo boicot y que lo que hubo fue una flagrante falta de medios por parte de la empresa adjudicataria, incapaz de gestionar los servicios que le llegaban. Sin embargo, nada de aquello tuvo consecuencias.

En aquel mes de junio de 2018 el servicio se daba ya por normalizado. Y así lo estaba, pero normalizado dentro de la precariedad. En aquellas fechas los trabajadores se habían acostumbrado a sus condiciones y los pacientes se habían cansado de reclamar.

El 29 de noviembre de 2018, cinco meses después de finalizar la comisión de investigación y en el pleno de la Asamblea de Extremadura, el entonces diputado Daniel Hierro lanzaba un épico “nos mean y dicen que llueve” ante la inusitada valoración del funcionamiento del servicio de ambulancias por parte del consejero de Sanidad.

El consejero Vergeles había sido preguntado por cómo encontraba la prestación del servicio a lo que el señor consejero contestó que se encontraba en máximos históricos de satisfacción. Apenas unos meses después ya estaba la primera huelga convocada. Entre medias, un artículo que ocupaba varias páginas en el diario El País en el que se detallaba cómo la empresa Ambulancias Tenorio usaba bombonas de oxígeno que no cumplían con la legislación vigente.

La primera huelga, anunciada en abril de 2019, vino motivada por la excesiva carga de trabajo a la que se estaba sometiendo a los trabajadores del programado. Unos meses antes, en diciembre del año anterior, la empresa se deshizo de unos 60 trabajadores entre despidos y finalizaciones de contrato de obra y servicio. Muchas de aquellas finalizaciones de contrato y despidos fueron declarados como despidos improcedentes por diversos juzgados y los que no fueron declarados así fue porque no se demandaron ante la promesa por parte de la empresa de ser llamados en el futuro. Ninguno de aquellos trabajadores hubiera sido llamado si no se hubiera convocado aquella huelga, desconvocada con la promesa de la incorporación de 40 nuevas contrataciones que se quedaron en poco más de la mitad, y también con la promesa de una incorporación de 20 nuevos vehículos de los que apenas se supo.

Aproximadamente un mes antes de aquello, en marzo, un valiente trabajador, José Luis Gómez, que también fue despedido de manera improcedente, compareció en comisión de sanidad en la Asamblea de Extremadura. Relató cómo la empresa abusó de su situación personal para tenerlo con un contrato en prácticas, cobrando apenas 700 euros mensuales con 11 años de experiencia en el sector, haciendo tareas descritas por él mismo como “clandestinas”, en las que se usaba una UVI móvil de reserva como furgón de carga para bombonas de oxígeno, recambios y deshechos. También contó como pretendieron obligarle a tirar aceite usado por el campo, algo a lo que se negó. José Luis tan solo sacó de aquello el reproche de algún parlamentario.

Tras un verano de aparente calma, los trabajadores anuncian una nueva huelga en septiembre, con paros que se producirían durante el mes de octubre y con carácter indefinido a partir de 1 de noviembre. A pesar de los abusivos servicios mínimos los trabajadores tildan de éxito aquellos paros y la empresa consigue arrancar una prórroga durante la huelga indefinida.

Se palpaba el miedo tanto en la empresa como en la Administración, esta vez los trabajadores anunciaron que no se dejarían llevar por promesas y a la hora de desconvocar tomarían valor solo los hechos. Sin embargo, otra vez fueron engañados, y otra vez con la complicidad del Servicio Extremeño de Salud, presente en todas las reuniones de desconvocatoria y posicionado a favor del interés empresarial.

Los trabajadores llegaron a pedir incluso la intervención del presidente de la Junta y solicitaron que les recibiera durante uno de los paros. Algunos incluso seguimos pensando que al presidente le faltan datos. Finalmente, Guillermo Fernández Vara rehusó de manera tácita viajando a Madrid ese mismo día para participar en un programa de televisión sin tan siquiera ofrecer una disculpa.

A esto le siguieron comparecencias en la Asamblea de Extremadura de responsables de la Consejería y del SES, tanto en plenos como en comisiones de sanidad. Y es que la oposición no ha dejado de preguntar acerca de qué está pasando con Ambulancias Tenorio. Estos cargos públicos suelen describir en sus intervenciones un servicio de ambulancias imaginario, que parece existir sólo en sus cabezas, donde apenas hay problemas y donde ni mucho menos son ellos los responsables de nada. Solo el director Gerente del SES parece hablar más desde la razón, llegando incluso a asumir errores y responsabilidades, lo cual sin duda alguna le honra, no es normal en estos tiempos.

Ya en febrero de este año 2020, los trabajadores convocan rueda de prensa anunciando medidas. Se sienten defraudados por empresa y SES. En marzo se decreta el estado de alarma y estos mismos trabajadores son los primeros en ponerse al pie del cañón, al servicio de los ciudadanos, improvisando los equipos de protección individual que la empresa no les ofrece y trabajando sin descanso expuestos al contagio por el dichoso coronavirus.

Poco después llega el anuncio del aumento de dotación económica por más de dos millones y medio de euros por parte del SES a Ambulancias Tenorio, en plena crisis sanitaria y económica. Normalmente a las empresas incumplidoras de contratos se las castiga, a esta se la premia.

Ahora, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha estimado de manera urgente medidas cautelares para la protección de la vida y la integridad física de los trabajadores, obligando a la empresa a proteger la salud de sus trabajadores y al SES a velar porque eso ocurra.

Cuando el telón del estado de alarma se levante la misma Sala juzgará diversos conflictos colectivos. Esperamos que con la intervención de la justicia la historia empiece a cambiar. Lo que venga está por escribir.

POR: Víctor José Arnelas Santano.

Responsable del sector de ambulancias de Unión Sindical Obrera de Extremadura.