Apag denuncia que los bodegueros extremeños incumplen la Ley

Apag Extremadura Asaja ha lamentado la “incertidumbre” que están viviendo muchos viticultores extremeños al constatar que bodegas de la región “están incumpliendo la Ley que regula los contratos de compraventa de uva, al tiempo que siguen sin proporcionar los precios en la presente campaña”.

Tras analizar la difícil situación en la que se encuentra el sector de la uva, la organización agraria ha asegurado que bodegueros de la región “están recogiendo la uva sin precio ni contrato”.

“Esta situación de ilegalidad no se puede consentir, ya que mientras que los agricultores tienen que cumplir todas las condiciones impuestas por los bodegueros, estos hacen de su capa un sayo, incumpliendo sistemáticamente la normativa”, manifiestan desde Apag Extremadura Asaja.

La ley 12/2013 del 2 de agosto de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria obliga a que el precio de la uva figure en el contrato cuando se firme y que el pago general se realice en un plazo de 30 días desde el fin de su entrega.

Según dicta la citada Ley “quedan excluidas de su ámbito de aplicación las entregas inferiores a 2.500 euros y las que se realicen a cooperativas agrarias y otras entidades asociativas por aporte de los socios de las mismas siempre que, en virtud de sus estatutos, vengan obligados a su realización”.

Apag Extremadura Asaja asegura que esta normativa “no se está respetando en nuestra región, por lo que estará atenta ante este tipo de actuaciones irregulares y no acordes a ley”.

Además de exigir el cumplimiento de los contratos insta asimismo que las tablillas públicas recojan unos precios justos, “teniendo en cuenta la situación particular del sector en estas fechas, que empeora día tras día, debido a la inclemencias meteorológicas que venimos padeciendo, sin olvidar la situación de mercado de los vinos extremeños”, indican.

Si esta situación no cambia, esta organización profesional agraria ha amenazado con hacer un llamamiento a los viticultores de Extremadura con el objetivo de “paralizar la recolección hasta que no se nos pague un precio digno”.