Aumentan las solicitudes de eutanasia en España

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha clausurado la jornada "Cinco años de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia: Avanzando en derechos", un encuentro en el que se han presentado los datos provisionales de 2025 sobre la prestación de ayuda para morir en España. Según la información facilitada por las comunidades y ciudades autónomas, durante el pasado año se realizaron 565 prestaciones de ayuda para morir, una cifra que representa el 0,13% de todos los fallecimientos registrados en el país, lo que equivale aproximadamente a un caso por cada 750 defunciones.

Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia en 2021, un total de 1.668 personas han ejercido este derecho en España. Los datos reflejan además un incremento progresivo de las solicitudes. En estos cinco años se han registrado 3.716 peticiones de ayuda para morir, de las que 1.284 corresponden a 2025. Por comunidades autónomas, Cataluña presentó la tasa más elevada de solicitudes, con 6,14 por cada 100.000 habitantes, seguida de Navarra (5,41) y el País Vasco (5,13). También se situaron por encima de la media nacional, fijada en 2,61 solicitudes por cada 100.000 habitantes, La Rioja, Baleares, Cantabria, Asturias y Canarias.

El informe también analiza el perfil clínico de las personas solicitantes. Las patologías oncológicas concentran el mayor número de solicitudes iniciales, representando el 37% del total. Sin embargo, las enfermedades neurológicas son las que predominan entre quienes finalmente reciben la prestación, alcanzando el 46% de los casos efectivos. Entre las solicitudes registradas, las patologías neurológicas representan el 31%, aunque posteriormente pasan a ser la principal causa entre quienes completan el procedimiento.

Durante 2025 finalizaron 1.187 procesos relacionados con solicitudes de ayuda para morir. De ellos, 565 concluyeron con la realización de la prestación, lo que supone el 47,7% del total. El segundo desenlace más frecuente fue el fallecimiento de la persona solicitante durante la tramitación, circunstancia que afectó a 374 casos, un 31,5% de los expedientes finalizados. De estos fallecimientos, el 61% correspondía a pacientes con patologías oncológicas.

Los datos muestran además que 277 de estas personas fallecieron antes de que la Comisión de Garantía y Evaluación emitiera su informe, con un tiempo medio de 32,7 días desde la solicitud. Otros 97 pacientes murieron después de recibir una resolución favorable, pero antes de que pudiera llevarse a cabo la prestación. En estos casos, el tiempo medio transcurrido desde la petición fue de 104,9 días. Asimismo, 157 solicitudes fueron denegadas, lo que representa el 13,2% de los procesos finalizados, mientras que otras 91 fueron revocadas por los propios solicitantes, suponiendo un 8% del total.

La comparativa internacional refleja que España continúa registrando cifras significativamente inferiores a las de otros países con legislaciones similares. Mientras que la tasa de mortalidad por ayuda para morir alcanza el 5,96% en los Países Bajos, el 5,10% en Canadá y el 4% en Bélgica, en España se sitúa en el 0,13%. Esta diferencia también se observa en el número total de prestaciones realizadas durante 2025: las 565 registradas en España contrastan con las 16.499 de Canadá o las 10.341 de los Países Bajos. La jornada organizada por el Ministerio de Sanidad ha reunido a representantes institucionales, profesionales y expertos para analizar la evolución de esta ley y abordar los retos pendientes para garantizar su aplicación efectiva en todo el territorio nacional.