CCOO denuncia a Justicia por "el incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales"

CCOO ha solicitado a la Dirección Especial de Inspección de Trabajo y Seguridad Social que, si estima que se ha incumplido la ley y de forma deliberada, se efectúe propuesta para la determinación de las responsabilidades administrativas, así como, en su caso, penales o civiles en que se haya podido incurrir por el reiterado y generalizado incumplimiento de las obligaciones legales en aplicación de los artículos 7, 1, c) y 42, 1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL)

Según CCOO ha denunciado, las resoluciones que ha dictado el Ministerio de Justicia, que deberían haber tenido la finalidad de proteger la salud del personal en lugar de la reactivación a toda costa de las actuaciones judiciales no esenciales, han incumplido 24 exigencias legales recogidas en los artículos 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 30, 31, 33, 34, 36, 37 y 39 de la LPRL.

Y todo ello de forma deliberada, tras haberle CCOO recordado "insistentemente" a los responsables ministeriales su obligación de cumplir esta ley, tanto en los 10 escritos que ha dirigido al Ministerio como verbalmente en las reuniones que han mantenido por videoconferencia durante las últimas semanas.

"Sin evaluación de riesgos y sin intervención de los servicios de prevención ni de ningún otro personal técnico en prevención de riesgos laborales, el Ministerio de Justicia ha estado dictando disposiciones de obligado cumplimiento que afectan a la prevención y protección de la salud laboral del personal lo que, a juicio del sindicato, constituye una imprudencia que ha podido poner en riesgo la salud de los trabajadores y las trabajadoras de Justicia, lo que podía haberse minimizado si se hubiese cumplido la legalidad vigente en materia de prevención", expresan desde el sindicato.

En cuanto a las medidas preventivas, la no evaluación previa de los riesgos supone que se hayan adoptado con carácter general en todos los centros de trabajo sin haberse determinado previamente, afirman. "Por ejemplo, sus dimensiones físicas para garantizar la distancia de seguridad entre el personal y con el público o si el uso de mascarillas pudiera ser obligatorio en muchos casos, ante la imposibilidad de mantener esta distancia de seguridad tanto entre el personal como los profesionales, detenidos y ciudadanía en general que deba asistir a los órganos judiciales".

CCOO ha denunciado, por último, la necesidad de evaluar los riesgos de los grupos más vulnerables, entre ellos el de mayores de 60 años y la realización de test o reconocimientos médicos para la vigilancia de la salud de personal, a lo que también obliga la legislación vigente en materia preventiva de riesgos laborales en el trabajo.