CIEM pide un mecanismo para revisar los contratos públicos con cada subida del SMI

La Confederación Independiente de Empresarios de la provincia de Badajoz considera que no se puede plantear una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) sin contemplar medidas que permitan amortiguar el impacto que cada incremento que plantea el Gobierno tiene sobre los contratos públicos en vigor y, con ello, sobre la economía de las empresas, que han ido asumiendo subidas en el SMI mientras soportaban la escalada de precios en las materias primas o la energía en los últimos cinco años.

“La apuesta de los empresarios es seria y comprometida con la sociedad en la que conviven y el sentir de las empresas está en crecer todos juntos, pero siempre que sea remando en la misma dirección”, ha resaltado el presidente de CIEM, José Luis Iniesta, sobre la negociación abierta entre el Ministerio de Trabajo y los agentes para establecer el marco de 2024.

Y es que CIEM recuerda que el incremento en el SMI acumulado en los últimos cinco años es del 47%, valor al que habría que añadir el 4% que ha planteado ahora el Gobierno como nuevo incremento para el próximo año, sobre los 1.080 euros mensuales en 14 pagas que se estableció para 2023.

La organización empresarial considera que, paralelamente a la revisión del SMI, habría que cerrar en la negociación en curso una revisión de la normativa de precios de los contratos que ya están en vigor con las administraciones públicas para evitar que los nuevos incrementos repercutan en la viabilidad de esos contratos. CIEM comparte el planteamiento que han trasladado ya las patronales CEOE y Cepyme en cuanto a la indexación de las contratas y considera que “es necesario contemplar una revisión de la normativa de revisión de precios de la administración pública”, apunta Iniesta.

La organización empresarial recuerda que en esos contratos públicos hay servicios esenciales como el que prestan las contratas de limpieza o las que gestionan los comedores escolares, por ejemplo, con adjudicaciones públicas muy ajustadas en las que por tanto el incremento del SMI acordado con posterioridad a la adjudicación se queda fuera de los valores contemplados por los empresarios para acceder al contrato.

Para los empresarios es necesario que la evolución de los contratos públicos vaya a la par del marco general de la negociación colectiva y pide por ello a los ministerios implicados en la gestión de la medida que articulen un mecanismo que permita acometer la revisión de los contratos públicos afectados por cada nueva subida del SMI.

La patronal de la provincia de Badajoz comparte además que se plantee estudiar en el marco de la negociación en curso un régimen de deducciones aplicables al sector agrario, con una reducción del 20% sobre la cuota empresarial por contingencias comunes, que se sumaría a los incentivos ya vigentes. Recuerda que este sector es uno de los que más ha notado el impacto de la subida del 47% que ha acumulado en los últimos años en el SMI, junto a los sectores de la hostelería, la construcción o los servicios.