Discrepancias con la nueva Ley de vivienda en Extremadura

Ciertos artículos han creado discrepancias en el Gobierno Central. La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura ha acordado crear un grupo de trabajo para resolver dicha problemática sobre doce artículos de la Ley 11/2019, de 11 de abril, de Promoción y Acceso a la vivienda de Extremadura.

Son los artículos 9, 36, 40, 44, 47, 50, 51, 52, 92 f), 93 o) y j), 95 g) y 121 de la norma, según la resolución del Ejecutivo regional que se ha publicado este miércoles en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), los que parecen no hacer gracia al Gobierno Central.

El pleno de la Asamblea de Extremadura aprobó en marzo esta propuesta de ley del Grupo Socialista con los votos del PSOE, la oposición del PP y la abstención de Podemos y Ciudadanos.

Los socialistas plantearon la norma para garantizar aspectos como el acceso a una vivienda digna para todos los ciudadanos, dinamizar el sector de la construcción, promover la accesibilidad universal y en aras a la eficiencia energética.

Los populares la tacharon de "intervencionista", la formación morada se llegó a plantear apoyar la enmienda a la totalidad del PP porque la consideraba una "chapuza" y Cs criticó que no contara con el pertinente dictamen del Consejo de Estado.

Los artículos que analizarán se refieren al deber de colaboración en vivienda de los colegios profesionales implicados, el derecho real de retracto, las especificaciones generales sobre el contenido de la oferta de venta o arrendamiento, los pagos anticipados de viviendas en proyecto o construcción o la formalización del contrato de alquiler.

Otras de las discrepancias se refieren a los agentes que intervienen en la prestación de servicios inmobiliarios y sus obligaciones, las infracciones graves y la declaración de vivienda desocupada.