El PP asegura que la Junta utiliza la Educación con fines políticos

La portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, Pilar Pérez, ha manifestado su “hartazgo” ante la que considera la “enésima utilización política que la Junta hace de la Educación”, en referencia al anuncio de la consejera del ramo, Esther Gutiérrez, de interponer un recurso contra el decreto que regula las evaluaciones finales de ESO y de Bachillerato.

Para Pérez, después del “espectáculo gratuito que ofreció la consejería al final del curso pasado”, esta “nueva bomba de humo responde a una maniobra burda para tapar el bochornoso comienzo de este curso escolar, plagado de incidencias y de ataques injustificados a los principios de la Ley de Educación de Extremadura y de la Constitución”.

En este sentido, ha exigido al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que “saque tiempo de sus actividades como secretario general de los socialistas extremeños”, para dedicarse a “poner orden en el descontrol que Gutiérrez está sembrando en la comunidad educativa”, donde “padres, estudiantes y profesores asisten estupefactos a una maniobra política que solo se basa en la defensa de los intereses del PSOE”.

“Reclamamos, otra vez, que se retome el consenso educativo en esta región”, ha dicho y ha argumentado que, desde el inicio de esta legislatura, “los extremeños están siendo testigos de cómo la Junta juega con sus legítimos derechos y se pasa los días amenazando con incumplir las leyes a su capricho”.

Pérez asegura que desde el principio, la consejera, “sin ningún pudor, ha mostrado sus intenciones sectarias”, ha señalado la portavoz del GPP en materia educativa y ha recordado que “los vaivenes que dio con las pruebas de primaria ya derivaron en un requerimiento por parte del Gobierno de España, que ya veremos en qué termina y cuáles son sus consecuencias”.

Con esos antecedentes sobre la mesa, ha dicho Pérez, resulta “incomprensible que se siga alardeando de la intención de incumplir la ley, sin pensar en el perjuicio que se está causando a los profesores y a las familias extremeñas y tampoco en las responsabilidades jurídicas de todo orden para los responsables actuales que vulneran la ley a sabiendas de lo que hacen”, ha concluido.