El PP recuerda que la fórmula de contratación de celadores de Vara es ilegal

El coordinador del Grupo Parlamentario Popular en materia de Sanidad y Políticas Sociales, José Ángel Sánchez Juliá, ha recordado al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que la administración regional ya fue condenada por la aplicación de la fórmula “ilegal” que la consejería del ramo pretende recuperar ahora para la contratación de celadores en los centros de salud.

En palabras de Sánchez Juliá, la contratación de celadores por la vía de convenios con los ayuntamientos es “completamente irregular”, tal y como confirman más de 30 sentencias judiciales, que han tenido un coste para los extremeños de casi 700.000 euros en concepto de indemnizaciones por cesión ilegal de trabajadores.

Tal y como ha reseñado el diputado del PP, este tipo de convenios empezaron a aplicarse en 2003, siendo Fernández Vara consejero de Sanidad, y se mantuvieron en el tiempo a pesar de que los Servicios Jurídicos advirtieron a la Junta de la creciente litigiosidad ligada a su aplicación, en dos informes emitidos en 2009 y 2010.

Por aquel entonces, el gobierno de Fernández Vara “hizo caso omiso” a las advertencias de los Servicios Jurídicos y condenó a todos los extremeños a pagar con dinero de la sanidad las consecuencias de sus “irregularidades”. “Se trata de un perjuicio importantísimo al sistema sanitario por el empeño del PSOE de saltarse la ley, porque las sentencias no las pagan con su dinero, sino con el dinero de todos”, ha señalado.

Según ha recordado, la situación se revirtió en la pasada legislatura, con la decisión de no continuar con la aplicación de este tipo de convenios, y con la creación en mesa sectorial, en enero de 2015, de las funciones de Atención Continuada dentro de la categoría de celadores, que es la vía que debe aplicar el SES para proveer este tipo de puestos de trabajo.

AYUNTAMIENTOS Y JUNTA, “CONDENADOS”

Sánchez Juliá ha recordado que las sentencias judiciales condenaron tanto a la Junta de Extremadura como a los ayuntamientos porque dicho convenio recaía en una cesión ilegal de trabajadores. Así, ha detallado que por un lado a los ayuntamientos se les condenó a la incorporación de los trabajadores a la RPT de los consistorios y, por otro, a la Junta, a pagar cuantiosas indemnizaciones.

En este sentido, ha advertido tanto a la FEMPEX como a los municipios de que este tipo de mecanismo supone una fuente de conflictos y litigios derivados del acceso irregular a la función pública de empleados al servicio de las instituciones sanitarias.

“Es un escándalo que la Junta, otra vez con Vara como presidente, vuelva a esta actitud negligente”, ha valorado Sánchez Juliá, quien ha insistido en que lo que “debe” hacer el gobierno regional es contratar a celadores “allí donde hagan falta”, aplicando los acuerdos alcanzados con los representantes de los trabajadores.

“Los celadores que contrate el SES deben proceder de la bolsa del SES, como marca la normativa, y no de apaños que de antemano se sabe que son ilegales y que ya le han costado un ojo de la cara a todos los extremeños”, ha reiterado el coordinador de Sanidad del GPP, quien ha concluido calificando de “perverso” que la Junta “intente vender esta irregularidad como una recuperación de derechos, cuando lo que tiene que hacer es aplicar los acuerdos de la mesa sectorial”.