Escuelas públicas saturadas y privadas con pocos alumnos: PIDE denuncia un “uso ilegal” de fondos

El Sindicato PIDE ha denunciado públicamente la “desprotección” que, a su juicio, sufre la escuela pública en Extremadura debido a la renovación y concesión de conciertos educativos que no cumplen las ratios mínimas exigidas por la normativa, según recoge la organización en un comunicado remitido este lunes.

La organización sindical asegura que, desde comienzos de 2025, ha advertido en las comisiones de escolarización -donde participa como miembro de pleno derecho- de que no debían ofertarse plazas en unidades concertadas sin contrato vigente para el curso 2025-2026 y ha reclamado que se respetaran tanto las ratios máximas en centros públicos como las mínimas obligatorias en los centros privados.

Según PIDE, la administración ha mantenido unidades concertadas “innecesarias” o que incumplen las ratios, lo que “repercute directamente” en la oferta de plazas públicas. El sindicato acusa además a otro sindicato presente en estas comisiones de no presentar propuestas y de intentar impedir que los miembros ejercieran su derecho de participación.

Finalmente, las propuestas de las presidencias -representantes de la Administración- han salido adelante, lo que, según PIDE, ha supuesto mantener conciertos sin contrato vigente y, en algunos casos, incluso suprimir unidades públicas y crear nuevos conciertos, como habría ocurrido en la comisión de Secundaria de Badajoz.

PIDE alerta de que estos incumplimientos se están produciendo en numerosas localidades, entre ellas Cabeza del Buey, Fuente de Cantos, Villafranca de los Barros, Don Benito, Zafra, Trujillo o Miajadas, y denuncia casos “extremos” como el de Montemolín, donde el centro público acabó cerrando mientras se mantenía la concertación en el privado.

La organización plantea ejemplos concretos en los que centros privados renovados presentan ratios muy por debajo de lo exigido, mientras que centros públicos cercanos operan con aulas saturadas o líneas suprimidas. En localidades como Badajoz, el sindicato detalla centros donde las unidades públicas superan las ratios legales sin desdoblar grupos.

PIDE concluye que la decisión de renovar conciertos incumpliendo la ley supone “un uso ilegal de recursos públicos”, debilita la red pública y agrava la pérdida de unidades y plantillas docentes. Por ello, exige a la Administración “rigor jurídico, transparencia y planificación responsable” para priorizar la educación pública y garantizar el cumplimiento estricto de las ratios.