Exigen a la Junta que cumpla la ley e imparta educación en diversidad LGTBI

Extremadura Entiende, junto a la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) recuerda a la Consejería de Educación de Extremadura que según la legislación actual los centros educativos de todo el territorio estatal tienen la obligación de ofrecer educación en diversidad afectivo-sexual, familiar y de género.

Sin embargo, en la actualidad y en Extremadura este tipo de formación no se ha implementado como debería.

La entidad LGTBI recuerda la importancia de cumplir con la Ley Orgánica para la Mejora de la Educación (LOMCE); la Ley de Infancia y Adolescencia de 2015; la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo; la Ley de Fomento de la Educación y la Cultura de la Paz; la Ley Orgánica de Educación e incluso la propia Constitución Española o la Convención de los Derechos del Niño (ratificada por España) además de la importancia del cumplimiento de la LEY 12/2015, de 8 abril de Igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

“Los planes educativos deberán contemplar pedagogías adecuadas para el reconocimiento y respeto de los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgéneros e intersexuales, así como deben dar cabida a proyectos curriculares que contemplen o permitan la educación afectivo-sexual y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género”.

Por todo ello establecen la obligatoriedad de que los poderes públicos adopten medidas educativas para combatir la discriminación y la violencia que sufre la infancia y la adolescencia, además de para garantizar el pleno desarrollo de la personalidad y la formación en valores.

Así, declara que la Consejería de Educación tiene, por tanto, la obligación de garantizar que todo el alumnado, independientemente de la opinión de sus familias, reciba formación en diversidad LGTBI, así como de proteger a los menores de la posible violencia familiar o de la negación de acceso a información motivada por LGTBIfobia.

Y es que, tal y como manifiestan, solicitar el consentimiento de las familias para que elijan la educación que recibe o no el alumnado, tal y como está defendiendo la ultraderecha, contraviene el interés superior del menor, presente en el ordenamiento jurídico español.