La Junta exige saber cómo afectará la nueva financiación a Extremadura por habitante

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha remitido una carta al Ministerio de Hacienda en la que solicita acceso a toda la información técnica y económica relacionada con el nuevo sistema de financiación autonómica planteado por el Gobierno central. La petición se dirige al ministro Arcadi España y reclama que la documentación sea facilitada antes de que continúe la tramitación del acuerdo.

En el escrito, Manzano pide que el Ministerio remita a todas las comunidades autónomas información "completa, homogénea, comparable y desagregada", incluyendo datos de base, series estadísticas, metodologías, fórmulas de cálculo, ponderaciones, simulaciones, conclusiones técnicas e impactos financieros de cada uno de los mecanismos contemplados en la propuesta. Además, solicita que esa información se entregue con tiempo suficiente para que pueda ser analizada antes de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, prevista para el próximo 4 de septiembre.

La responsable autonómica recuerda que no es la primera vez que solicita esta documentación al Ministerio. Según expone en la carta, la reforma del sistema de financiación tiene una especial trascendencia institucional, presupuestaria y territorial, ya que condiciona la capacidad de las comunidades autónomas para sostener los servicios públicos esenciales y ejercer sus competencias.

Entre las cuestiones sobre las que reclama más información figuran aspectos como la población ajustada, la capacidad tributaria normativa, los mecanismos de nivelación horizontal y vertical, los distintos fondos previstos en el modelo —como el Fondo de Statu Quo, el Mecanismo Complementario de Financiación, el Fondo IVA-PYMES o el mecanismo destinado a afrontar el cambio climático—, además de los nuevos instrumentos de convergencia territorial. La consejera sostiene que la información recibida hasta ahora no permite reproducir los cálculos del nuevo sistema ni comprobar cuál sería su efecto real sobre cada comunidad autónoma.

Asimismo, Manzano solicita conocer el impacto individualizado de cada variable y mecanismo, tanto en cifras absolutas como por habitante y por habitante ajustado, así como una comparativa entre el modelo vigente y el propuesto por el Ejecutivo central. A su juicio, la falta de estos datos dificulta un análisis riguroso de la reforma y compromete principios como la transparencia, la objetividad, la igualdad de trato y la lealtad institucional.

Por último, la consejera también reclama al Ministerio que facilite las conclusiones del Comité Técnico Permanente de Evaluación, junto con las propuestas presentadas por las distintas comunidades autónomas y la valoración técnica realizada por el propio Ministerio sobre cada una de ellas.