El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha citado como investigados a la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental, Marta Gómez Palenque, y al subdirector Eugenio Domínguez por un presunto delito de prevaricación en relación con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable al proyecto de planta solar fotovoltaica TAGUS, en el término municipal de Alcántara (Cáceres).
La planta, promovida por una filial de Iberdrola, cuenta con una potencia de 379,97 MWp y recibió en 2023 una DIA favorable por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en base a informes también favorables de la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura.
La investigación nace de una denuncia presentada por el Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (FONDENEX), que fue admitida a trámite. Inicialmente, el procedimiento se abrió en Cáceres, aunque los juzgados extremeños se inhibieron a favor de los de Madrid por ser la sede del ministerio.
Entonces el magistrado José Luis Peinado solicitó un informe a la Fiscalía de Medio Ambiente, cuyas conclusiones "son muy duras", apuntan desde FONDENEX, contra la DIA emitida por el MITECO y los informes autonómicos en los que se apoyó.
Según recoge el informe, la implantación de la planta presenta discrepancias con el Plan Director de la Red Ecológica Europea Natura 2000 en Extremadura, que establece que las instalaciones industriales de producción energética deben localizarse preferentemente fuera de áreas protegidas. Además, señala que la alternativa elegida sería incompatible con la Directiva 92/43/CEE de Hábitats y con la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
La Fiscalía también advierte de una posible vulneración de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental y de la Directiva 2014/52/UE, al no haberse comunicado el proyecto al Gobierno de Portugal, pese a tratarse de una zona transfronteriza.
La planta se ubica dentro de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 'Llanos de Alcántara y Brozas' y en la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional, declarada por la UNESCO en 2016 e integrada en la Red Natura 2000. Según la denuncia, "el proyecto afecta a áreas de campeo, alimentación y cría de especies protegidas como el águila imperial ibérica, el buitre negro, la cigüeña negra, el lince ibérico y el águila perdicera".
En su informe, la Fiscalía subraya que "el desarrollo de grandes instalaciones fotovoltaicas supone una transformación del paisaje que puede implicar la pérdida de hábitats naturales, la fragmentación del territorio y la alteración de procesos ecológicos, con especial impacto sobre las aves". En este contexto, considera "difícil considerar que una instalación industrial de producción de energía sea compatible con la preservación de los valores que motivaron la protección de estas especies".
A raíz de este informe, el juez ha decidido citar como investigados a los dos altos cargos del ministerio, que formaban parte del equipo de Teresa Ribera cuando se emitió la DIA, al considerar que pudieron dictarla a sabiendas de que incumplía la legislación vigente.
Tras conocerse la decisión del juez Peinado, FONDENEX asegura que valorará ampliar la denuncia por prevaricación "a los políticos y técnicos de la Junta de Extremadura que emitieron los informes favorables en los que se apoyó la DIA".
