El Constitucional respalda la demolición de la urbanización en la isla de Valdecañas

Se escribe un capítulo más en torno a la isla del embalse de Valdecañas, tras la desestimación por unanimidad en el Pleno del Tribunal Constitucional del recurso de amparo presentado por los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo, la cual se presentó contra la sentencia del Tribunal Supremo que ordenaba el derribo de la urbanización construida en dicho emplazamiento.

Desde el Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (FONDENEX) destacan que el embalse recoge la mayor concentración invernal de España de cormorán grande, con unos 4.000 individuos, somormujos lavancos, garcetas comunes, garzas reales, cigüeñas negras, pagazas piconegras, charrancitos, y demás. Son especies ligadas al embalse, pero en sus márgenes se reproducen y se alimentan aves tan escasas y valiosas como águilas imperiales, buitres negros, sisones, gangas y carracas. En esta línea, recuerdan que la legislación de Extremadura, de España y de la UE, no solo protege los lugares de cría de estas aves, sino también sus áreas de campeo y alimentación. "Las aves no pueden vivir si no comen…, como cualquier ser vivo".

"La urbanización se autorizó a sabiendas de que se construía en una ZEPA, con lo cual, los culpables son los políticos de la Junta de Extremadura, desde su Consejo de Gobierno hasta el director general de medio ambiente y los técnicos que avalaron el proyecto", exponen. "Quienes debían pagar de su bolsillo son lo que firmaron la autorización del proyecto, y suponemos que hay nombres y apellidos". Por tanto, para FONDENEX, "la Junta de Extremadura es el gran culpable de este 'culebrón': primero por autorizar el proyecto, a sabiendas de que se invadía un espacio protegido por la legislación europea por pertenecer a la Red Natura 2000; segundo por una actitud de sostenella y no enmendalla, es decir, no querer rectificar a pesar de tener la constancia que estaba en una gran equivocación, no se sabe si por orgullo o por otras causas".

Ahora, una nueva problemática se suma a esta historia. "La última maniobra de la Junta es que, varios años después de ser declarado el embalse ZEPA, quiere sacar la urbanización de ella". Para los conservacionistas "es como si una inmobiliaria quiere construir una urbanización dentro del parque nacional de Monfragüe y, para hacerlo posible, se cambian los límites". 

En definitiva, FONDENEX manifiesta que "con la sentencia del Tribunal Constitucional, volvemos a repetir que por unanimidad, solo queda una salida: demoler lo construido y restaurar la isla y, lo más importante, las márgenes del embalse". En este sentido indican que "no demoler pondría a la Junta de Extremadura, promotores, ayuntamientos, etc. frente a la Ley. Y España no sería España, sería Cuba o Venezuela".