La Junta quiere reformar el Estatuto de Autonomía para eliminar los aforamientos

El Consejo de Gobierno ha acordado este martes instar a la Asamblea de Extremadura a que inicie la reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura con el fin de eliminar los aforamientos de cargos públicos en todos los asuntos ajenos al ejercicio de sus funciones.

Así lo ha anunciado la consejera de Igualdad y portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, quien además ha indicado que con la reforma se pretende reducir, al 1 por ciento del censo para las elecciones a la Asamblea de Extremadura, el número de firmas acreditadas exigibles para poder presentar una iniciativa legislativa popular (ILP).

En la actualidad el mínimo exigido se establece en 45.000 firmas acreditadas del censo. Con la reforma, y tomando como referencia el último censo electoral, la ILP requeriría de algo más de 9.000 firmas.

Rosiña señala que la modificación del Estatuto de Autonomía fue propuesta por el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en la sesión de investidura celebrada el pasado 24 de junio, y reiterada por la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales en su comparecencia en la cámara regional del pasado 20 de septiembre.

En respuesta a las reacciones de algunos portavoces de grupos parlamentarios sobre esta cuestión, Gil Rosiña ha manifestado que “no es una cortina de humo ni algo que se acaba de inventar el presidente de la Junta de Extremadura”, sino que forma parte del conjunto de propuestas que hizo el presidente de la Junta en el debate de investidura.

La reforma del Estatuto, según la propuesta del Consejo de Gobierno, podrá incluir aquellas otras medidas que, fruto del debate y del consenso en la Asamblea de Extremadura, se consideren oportunas para la adecuación del Estatuto de Autonomía a la realidad  económica y social de la Comunidad Autónoma.

En lo que respecta a la tramitación de esta reforma, ha explicado la portavoz del Ejecutivo, se seguirá el procedimiento legislativo especial que señala el Reglamento de la Asamblea de Extremadura, en el que se requiere la aprobación de la propuesta de reforma por mayoría de dos tercios de los diputados de la cámara en una votación final de conjunto.

En la misma sesión en que se apruebe la propuesta de reforma se elegirá una delegación de diputados que representarán a la Asamblea de Extremadura en el Congreso de los Diputados y en el Senado.