La Unión denuncia que Agricultura discrimina de nuevo a los extremeños

El BOE de 29 de diciembre publicó el Real Decreto 1045/2022 sobre derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad de la Política Agraria Común, en el que se establecen las regiones homogéneas de producción que determinan los importes de las ayudas de la PAC que van a recibir agricultores y ganaderos del estado Español.

Y en este las tierras agrarias extremeñas se encuadran en los últimos lugares -excepto la zona productora de tabaco- y por lo tanto los agricultores extremeños son los que van a recibir los importes de ayudas más bajos de toda España.

Desde La Unión Extremadura informan que las 377.000 hectáreas de cultivo de secano "nos las ubican en los puestos últimos y penúltimos de todo el Estado; toda la superficie de cultivo permanente extremeño (olivar, viñedo, frutal etc.) nos la ubican en la última región de producción donde realmente hay cultivos permanentes; la superficie de pasto nos las ubican en los puestos últimos y penúltimos de todo el Estado".

La Unión asegura que ya presentó alegaciones al borrador del Real Decreto exigiendo que, tal como establece el artículo 22.2 del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, las regiones de producción se agruparan dependiendo de condiciones socioeconómicas y agronómicas similares, de tal manera que un olivar extremeño que sea similar a un olivar andaluz estén ubicados en la misma región y perciban por lo tanto las mismas ayudas por hectárea, exactamente igual en cereales de secado o pastos.

"El Ministerio de Agricultura, con el consentimiento de la Junta de Extremadura, ha realizado un reparto político en vez de agronómico en el que la mayor parte de los agricultores extremeños hemos sido discriminados", sostienen.

En La Unión Extremadura calculan que por estas discriminaciones se han perdido alrededor de los 14 millones de euros en tierras de cultivo de secano, 50 millones de euros en cultivos permanentes y más de 77 millones de euros en superficies de pastos permanentes.

Por este motivo, La Unión va a presentar en el Tribunal Supremo, un recurso contencioso administrativo en el que van a exigir que se respete la normativa comunitaria y que se establezcan las regiones de producción "en base a criterios técnicos y no políticos".