La Unión pide que no den ayudas a organizaciones que no cumplan los requisitos

El pasado 29 de septiembre la Junta de Extremadura publicó el anuncio de Licitación de 26 lotes de Asesoramiento Agrario por un importe de 6,2 millones de euros, finalizando el plazo para la presentación de las ofertas el 7 de noviembre de 2017.

Según explican desde La Unión de Extremadura, la Mesa de Contratación de la Consejería de Políticas Agrarias tenía que abrir los sobres con la documentación administrativa el 17 de noviembre y el sobre con las ofertas económicas el 27 del mismo mes.

En la fecha estipulada fueron abiertos los sobres con la documentación administrativa donde la mayoría de las empresas solicitantes cumplieron la totalidad de los requisitos para acceder a la licitación.

UPA-UCE, ASAJA BADAJOZ y CÁCERES

Sin embargo, La Unión de Extremadura remitió un escrito de alegaciones donde aportaban documentos para demostrar que "ni UPA-UCE, Asaja Cáceres, ni Asaja Badajoz cumplían con los requisitos exigidos por la Ley de Contratos del Sector Público", y en concreto con las siguientes clausulas:

Por una parte, “todos los licitadores deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera”, y por otra, “no podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o documentos preparatorios del contrato”.

La organización agraria denuncia que es público que UPA-UCE no tiene solvencia económica ya que actualmente tiene ejecutado todos sus bienes y embargadas todas sus cuentas por un importe de 5,4 millones de euros que le ha impuesto el Juzgado Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Mérida.

Así mismo La Unión aportó un documento donde “se demuestra que el 21 de septiembre de 2016, el director General de Desarrollo Rural se reunió con los representantes de UPA-UCE, Asaja Cáceres y Asaja Badajoz para elaborar las condiciones técnicas de la licitación, por lo que estas empresas deben quedar excluidas de dicha licitación”.

El pasado 1 de diciembre de 2017 la Mesa de Contratación suspendió dicha licitación y no ha vuelto a dar explicaciones al respecto.

Por ello, La Unión Extremadura ha exigido que se cumpla la Ley de Contratos del Sector Público, de tal manera que se reanude la licitación con las empresas que cumplen los requisitos “excluyendo a las que por tratos de privilegios no los cumplen”.

También piden que no se vuelvan a repetir circunstancias como las que han dado lugar a la causa abierta, en el Juzgado, contra UPA-UCE por estas mismas ayudas en años anteriores.