Nueva ley de vivienda: ¿qué regula y cómo funciona?

La Ley por el Derecho a la Vivienda desarrollará el derecho recogido en la Constitución a una vivienda digna. Persigue ayudar a aquellos colectivos con más dificultades de acceso a este bien con medidas como el límite al precio del alquiler o el impulso de las viviendas públicas.

El proyecto Ley por el Derecho a la Vivienda fue aprobado por el Consejo de ministros el 1 de febrero de 2022, por el Congreso el 27 de abril de 2023 y está pendiente de tramitación en el Senado. Es una de las reformas recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La futura ley incluirá medidas para aumentar la oferta de vivienda a precios asequibles, evitar que se den situaciones de tensión en el mercado del alquiler y apoyar a jóvenes y colectivos vulnerables en el acceso a la vivienda.

Asimismo, ofrece a comunidades autónomas y municipios diferentes herramientas que contribuirán a contener o reducir el precio del alquiler y a aumentar el parque de vivienda en alquiler social.

Impulso de la vivienda pública

• Regulación de los parques públicos de vivienda para evitar operaciones de venta a fondos de inversión

• Calificación indefinida de la vivienda protegida para garantizar siempre un periodo de, al menos, 30 años

• Porcentaje mínimo del 50% para vivienda en alquiler dentro del suelo de reserva para vivienda protegida e incremento de los porcentajes de reserva de suelo para vivienda protegida, del 30 al 40% en el suelo urbanizable, y del 10 al 20% en suelo urbano no consolidado.

• Elaboración y mantenimiento de un inventario del parque público de vivienda

Límites al precio del alquiler

• Beneficios fiscales o urbanísticos para las viviendas de titularidad privada con alquiler a precio reducido

• Declaración de zonas de mercado residencial tensionado durante un período prorrogable de 3 años para poder aplicar medidas de reducción del alquiler

• Incremento máximo anual del 3% del alquiler en los contratos vigentes durante 2024

• A partir de 2025, nuevo índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento en sustitución del IPC que evite incrementos desproporcionados en la renta.