Exigen explicaciones a la Junta por destinar más de 160.000 € a 15 monterías públicas

El Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA) ha cuestionado la decisión de la Junta de Extremadura de destinar aproximadamente 161.942,85 euros a la organización de 15 monterías públicas durante la temporada cinegética 2026/2027 y ha reclamado información sobre los criterios utilizados para justificar estas actuaciones. Desde Presidencia de la Junta defienden, sin embargo, que se trata de una iniciativa que se desarrolla desde hace más de tres décadas y que permite facilitar el acceso a la actividad cinegética a personas con menor disponibilidad económica.

La coordinadora provincial de PACMA en Badajoz, Rosa Cortés, ha presentado una solicitud de información ante la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural para conocer los censos, estudios poblacionales e informes técnicos que sustentan las jornadas de caza y las posibles actuaciones extraordinarias de control. La formación reclama, entre otros datos, información sobre las especies afectadas, el número estimado de ejemplares, su distribución y la metodología utilizada para elaborar los estudios.

PACMA también ha puesto el foco en el servicio de catering previsto para los participantes, después de conocer que incluiría vino. El partido considera "incomprensible" que se contemple alcohol en el contexto de una actividad en la que se utilizan armas de fuego y reclama que se realicen controles de alcoholemia o de consumo de sustancias estupefacientes antes y durante las jornadas.

PACMA RECLAMA ALTERNATIVAS NO LETALES

La formación animalista defiende que la gestión de las poblaciones de fauna silvestre debería apoyarse en criterios científicos y éticos y priorizar, cuando sea posible, métodos no letales. Entre las alternativas planteadas figura la inmunocontracepción mediante vacunas anticonceptivas.

En este sentido, PACMA solicita a la Junta información sobre los estudios realizados acerca de esta alternativa y, en caso de haber sido descartada, los motivos técnicos, científicos, económicos o jurídicos que hayan llevado a tomar esa decisión.

El partido también pide conocer si existe cría, procedencia, transporte o suelta de animales de especies cinegéticas en las fincas o cotos incluidos en estas actuaciones, así como las posibles autorizaciones administrativas e informes veterinarios y sanitarios.

LA JUNTA DEFIENDE LA OFERTA PÚBLICA DE CAZA

Ante las críticas, Presidencia de la Junta de Extremadura ha explicado que los aproximadamente 160.000 euros corresponden a la contratación de una empresa encargada de organizar las monterías incluidas en la Oferta Pública de Caza.

El Ejecutivo extremeño señala que esta oferta se desarrolla desde hace más de 30 años y tiene una finalidad social, ya que permite que cazadores con menor disponibilidad económica puedan acceder a esta actividad a precios inferiores a los habituales en el mercado.

Según la Junta, las actuaciones se desarrollan en Terrenos Cinegéticos de Gestión Pública, entre ellos Reservas de Caza, Cotos Regionales de Caza y Zonas de Caza Limitada Gestionadas. La Administración sostiene que la planificación se realiza conforme a la legislación vigente y a través de los correspondientes planes de ordenación y aprovechamiento cinegético.

Uno de los aspectos sobre los que PACMA había solicitado información era la posible procedencia de los animales utilizados en estas actuaciones. La Junta asegura que "en ningún caso" se realizan sueltas de especies cinegéticas procedentes de granjas, al tratarse de una gestión desarrollada en superficies "muy grandes y abiertas".

Respecto al coste de la contratación, Presidencia señala que una parte está financiada mediante fondos FEADER, mientras que la cantidad aportada por la Comunidad Autónoma se recupera a través del precio público que abonan los cazadores antes de recibir el permiso correspondiente.

La Junta añade que también se generan ingresos mediante la venta de la carne de las piezas abatidas, comercialización que, según explica, se realiza a través de una empresa cárnica mediante el correspondiente procedimiento de contratación.

Sobre la polémica por el consumo de alcohol, Presidencia matiza que el vino mencionado por PACMA forma parte de la comida que se ofrece a los cazadores después de la acción cinegética y no antes de la misma.

El Ejecutivo extremeño defiende, en definitiva, que la organización de estas monterías se encuentra amparada por la legislación de caza y por los decretos que regulan los terrenos de gestión pública. Asimismo, recuerda que tanto la Oferta Pública de Caza como los planes de ordenación de las Reservas y sus planes anuales forman parte de los procedimientos administrativos establecidos.

PACMA, por su parte, mantiene su exigencia de transparencia y reclama que antes de destinar fondos públicos a estas actuaciones se expliquen los estudios que las justifican y las alternativas que hayan sido valoradas.