El SIP reclama a la Junta la regularización de todos los trienios de funcionarios

El Sindicato Independiente Progresista (SIP) ha reclamado a la Junta de Extremadura que regularice de oficio el abono de los trienios consolidados por el personal laboral que posteriormente ha adquirido la condición de funcionario, al considerar que la Administración continúa aplicando un criterio contrario al fijado por el Tribunal Supremo.

Según explica el sindicato, desde el 19 de febrero de 2024, tras una sentencia del Tribunal Supremo, la Junta de Extremadura "no puede seguir abonando trienios consolidados como personal laboral a los empleados públicos que, por cualquier vía, se hayan convertido en personal funcionario". El SIP sostiene que la Administración estuvo "varios años litigando, gastando dinero público en intentar evitarlo", pero finalmente el alto tribunal dio la razón al sindicato.

La organización recuerda que el 13 de mayo de 2024, durante una reunión con el entonces consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, en la que estuvo presente el actual secretario general del SIP, Enrique Pérez Romero, ya solicitó que la Junta corrigiera de oficio todas las nóminas afectadas y regularizara los cobros. Posteriormente, el 16 de diciembre de 2024, reiteró esta petición por escrito ante la Dirección General de Función Pública.

Sin embargo, el sindicato asegura que la Junta hizo "caso omiso", lo que ha obligado al SIP a continuar promoviendo reclamaciones individuales. Como ejemplo, recuerda el caso de una trabajadora de Villanueva de la Serena que obtuvo 5.598 euros en concepto de atrasos tras reclamar.

El SIP advierte de que la situación se ha agravado con el desarrollo del proceso de estabilización, ya que numerosos empleados públicos han pasado de ser personal laboral a funcionarios, a los que, según denuncia, la Junta continúa abonándoles los trienios como si fueran personal funcionario.

Ante esta situación, el sindicato anuncia que este martes remitió una nueva comunicación por escrito a la Dirección General de Función Pública solicitando la regularización salarial de oficio, apelando a los principios de igualdad, sometimiento pleno a la ley y al Derecho, buena administración, eficacia, economía procesal, lealtad institucional y jurisprudencia útil.

Por último, el SIP asegura que seguirá tramitando las reclamaciones individuales de sus afiliados, aunque considera que "no es defendible por parte de la Junta que siga obligando a los empleados públicos a perder su tiempo en regularizar una situación que solo atañe corregir a la propia Administración".