Un alto porcentaje de extremeños cree que la nueva ley no solucionará los problemas de vivienda

Aunque más de la mitad de los extremeños (51%) cree necesaria una normativa que regule el derecho a la vivienda, dos de cada tres consideran que la Ley de Vivienda será poco o nada útil y no solucionará los problemas actuales, siendo las personas que viven de alquiler y los más jóvenes los que se muestran más partidarios.

Así lo recoge el informe “Percepciones de la nueva Ley de Vivienda” elaborado por el Grupo Mutua Propietarios para conocer la opinión de los ciudadanos sobre esta normativa recientemente aprobada por el Congreso, que entrará en vigor a finales del mes de mayo. “La vivienda es un aspecto complejo porque es, al mismo tiempo, un derecho y un activo financiero, lo que genera mucha controversia en torno a su gestión y grandes dificultades a la hora de legislar”, explica Laura López Demarbre, subdirectora General Estrategia, Clientes y Canales Alternativos.

La baja percepción de la utilidad de la ley como solución a los problemas de vivienda lleva a los españoles a ser pesimistas acerca de sus consecuencias.

Sin embargo, aunque la normativa se extiende a todas las formas de vivienda, las mayores diferencias en cuanto a su idoneidad se focalizan en el grupo que tiene relación con el alquiler, ya sea como inquilino o como arrendador. De hecho, un 68% de los inquilinos ve necesaria la ley, mientras que este porcentaje se reduce a un 51% en el caso de los arrendadores.

De acuerdo con el estudio también existe un posicionamiento diferente a la normativa en función de la edad y la ocupación: los jóvenes y quienes viven de alquiler, son los que se muestran más favorables; mientras que los mayores y, en muchos casos, jubilados (en mayor medida arrendadores o que disponen de más inmuebles) son los mayores detractores de la Ley.

Las medidas que mayor aprobación alcanzan entre los extremeños son los beneficios fiscales a propietarios (67%); limitar las subidas del alquiler (69%) y proteger ante los desahucios (58%) y, la de menor acuerdo, el aumento de impuestos a las viviendas vacías (49%).