UpE denuncia que ninguna extremeña puede abortar aún en un hospital público
19 de Noviembre de 2026
La diputada de Unidas por Extremadura, Nerea Fernández Cordero, ha denunciado este jueves en la Asamblea el incumplimiento de la legislación sobre interrupción voluntaria del embarazo en la región. Durante una interpelación sobre la política de la Junta en esta materia, ha acusado al Ejecutivo autonómico de mantener una "ilegalidad persistente" y un "incumplimiento flagrante" de la normativa.
Fernández Cordero ha recordado que la Ley Orgánica 2/2010 reconoció el aborto como una prestación sanitaria pública y ha lamentado que, en su opinión, ese derecho siga sin poder ejercerse con normalidad en Extremadura. También ha señalado que en 2024 la Asamblea aprobó una moción impulsada por ella para garantizar el acceso a esta prestación dentro de la sanidad pública, una iniciativa que ha calificado de "obligado cumplimiento" y que, según ha denunciado, continúa sin aplicarse.
La diputada ha puesto el foco en el registro de objetores de conciencia, cuya elaboración correspondía a la Consejería de Salud y cuyo trámite se cerró en 2025. Más de un año después, ha criticado que las mujeres extremeñas sigan sin poder interrumpir su embarazo en un hospital público de la región. Según los datos que ha asegurado haber solicitado en numerosas ocasiones a la Consejería, más de 1.250 mujeres fueron derivadas en 2025 a clínicas privadas de Badajoz o a otras comunidades autónomas, mientras que 712 tuvieron que desplazarse a Salamanca, Madrid o Sevilla.
La parlamentaria ha citado la Ley Orgánica 1/2023, que modificó la normativa anterior, para defender que la objeción de conciencia es un derecho individual de los profesionales, pero no puede afectar al acceso ni a la calidad asistencial de la prestación. También ha aludido a una sentencia del Tribunal Constitucional de julio de 2023 y ha sostenido que la derivación sistemática a centros privados, cuando existe la obligación de prestar el servicio en la sanidad pública, puede vulnerar derechos fundamentales. "Esto no es solo una cuestión de gestión, es una cuestión de legalidad", ha afirmado.
Fernández Cordero ha rechazado que la situación responda a una falta de medios y ha asegurado que Extremadura dispone de hospitales, profesionales y presupuesto para garantizar el servicio. A su juicio, el problema es "una falta de voluntad política". Además, ha advertido de que las derivaciones a otras comunidades o a clínicas privadas generan desigualdades, especialmente para las mujeres con menos recursos, dificultades de transporte o empleos precarios. "Ejercer su derecho depende de un código postal o de una nómina", ha criticado.
La diputada ha reprochado a la Junta que haya dispuesto de más de un año desde la elaboración del registro de objetores para planificar las plantillas del Servicio Extremeño de Salud y garantizar equipos no objetores en todas las áreas sanitarias. Ha defendido que cada una debería contar con profesionales capacitados para practicar interrupciones voluntarias del embarazo en condiciones de seguridad y confidencialidad.
Por último, Fernández Cordero ha reclamado a la consejera que cumpla la legislación y ponga fin a la situación que, según ha denunciado, impide ejercer este derecho en la sanidad pública extremeña. "Ningún hospital público en la región practica la interrupción voluntaria del embarazo de forma efectiva y con personal propio", ha asegurado, antes de exigir que se acabe con la "exclusión sanitaria de las mujeres extremeñas".
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