USO denuncia un “ERE encubierto” pactado entre la junta y los sindicatos

El pasado mes de marzo de 2017, se aprobó por el Gobierno Central y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF una estabilización del empleo público temporal, ratificado por otro nuevo Acuerdo de marzo de 2018.

Con este acuerdo se pretendía vender la convocatoria de una macro Oferta de Empleo Público para los años sucesivos, sin explicar “la letra pequeña que escondía el contrato” y que significaría el despido masivo de los trabajadores interinos e indefinidos.

Afirman desde el sindicato que el pasado mes de julio se pactaron, entre la Junta de Extremadura y los sindicatos representados en la Mesa de Negociación, las bases de las convocatorias que regularían estos procesos selectivos, no reconociendo ni valorando las mismas la totalidad del tiempo trabajado por estos colectivos de trabajadores en la Administración autonómica.

Desde USO tienen la sensación de que se les ha infravalorado y marginado con el único objetivo de sacar rédito electoral, tanto por arte de la Administración como por parte de los “pseudo-sindicatos”, al no aplicar lo recogido en la Ley de Función Pública de Extremadura y en el Estatuto Básico del Empleado Público, y mirando exclusivamente por sus propios intereses.

Desde USO piden que se rectifiquen esas bases y que se formalice a través de la Asamblea de Extremadura y para el ámbito de la administración extremeña una regulación para la homogeneización de este tipo de convocatorias, bien de forma legislativa o a través de pactos, debido a la excepcionalidad de estos procesos y porque así lo permite el Estatuto Básico del Empleado Público.

Por este motivo, USO solicitará reunirse con todos los grupos políticos de la Asamblea y presentarles una propuesta viable para que no se vuelva a discriminar a estos trabajadores.

Con las bases que han aprobado Junta y sindicatos, lo que se está haciendo no es una estabilización de empleo como se aprobó a nivel nacional, sino una estabilización de plazas, con el consiguiente despido de interinos e indefinidos, despidos que podrán empezar en breve con la resolución de los traslados del personal funcionario y laboral de la Junta.

El sindicato afirma a 7Días que el objetivo es la unificación de criterios para impedir los despidos y que si llegasen a efectuarse, sólo el personal indefinido, supondría un coste a los extremeños de 12 millones de euros.

FOTO: AED