Alertan de vulneración de derechos con las cámaras de la ZBE de Mérida

FONDENEX ha cuestionado la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Mérida al considerar que "no responde a criterios ambientales reales y carece de justificación técnica", al tiempo que denuncia irregularidades administrativas y legales en su puesta en marcha.

Según FONDENEX, la calidad del aire en Mérida "es excelente, tal y como reflejan los datos de la Dirección General con competencias en Medio Ambiente de la Junta de Extremadura". En este sentido, la organización sostiene que "el principal argumento del Ayuntamiento para la creación restrictiva de la ZBE tiene los pies de barro, pues no hay nada que minimizar".

Además, añaden que Extremadura presenta "la menor tasa de emisiones de gases de efecto invernadero de España, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)", y que "Mérida es el municipio con menor nivel de emisiones dentro de la región". FONDENEX atribuye este hecho a la gran extensión del término municipal, cercano a las 90.000 hectáreas, la baja densidad de población y la existencia de amplias zonas arboladas como Proserpina, Cornalbo, Casa de Campo, las riberas del Guadiana, Prado de Lácara, Sierra de San Pedro o el entorno del Albarregas.

En este contexto, FONDENEX señala que durante el proceso de participación ciudadana, junto a asociaciones como DEMOMAPEX y la plataforma STOP Zonas Bajas Emisiones Mérida, se defendió que "la legislación permite actuar sobre todo el término municipal y la masa forestal existente ya contribuye a la reducción de CO₂".

INSTALACIÓN DE CÁMARAS

Uno de los principales puntos de crítica se centra en el sistema de control instalado por el Ayuntamiento. FONDENEX denuncia la "colocación de cámaras de contorno 360 grados, biométricas y con reconocimiento facial", asegurando que "no tienen relación con la calidad del aire, la reducción de emisiones ni la protección del patrimonio".

En este sentido, sostienen que algunas de estas cámaras "carecen de autorización legal". En concreto, afirman que "las instaladas en monumentos aún no cuentan con el visto bueno de la Delegación del Gobierno y que las correspondientes a la ZBE se colocaron antes de la aprobación definitiva de la ordenanza municipal". Según FONDENEX, estas medidas "vulneran el derecho a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen recogido en la Constitución y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos".

Asimismo, recuerdan que DEMOMAPEX ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), solicitando medidas cautelares de paralización de la ZBE incluida en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible.

TRÁFICO EN EL CENTRO

FONDENEX aclara que no se opone a la circulación de vehículos por el centro urbano. "Pueden circular libremente vehículos de vecinos, residentes, comerciantes, servicios públicos y visitantes por las vías autorizadas, siempre que cumplan con las normativas de seguridad, emisiones e ITV". Sin embargo, consideran que "debe reforzarse el control sobre la velocidad y el ruido de motocicletas", así como sobre el uso de patinetes eléctricos en zonas peatonales.

RESOLUCIÓN DEL TSJEX

La asociación también ha puesto el foco en una reciente resolución judicial. Según FONDENEX, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha anulado el expediente de contratación mediante el cual el Ayuntamiento de Mérida pretendía implantar la ZBE. Esta anulación afecta a los pliegos, proyectos técnicos, contratación y ejecución del sistema digital y de control de accesos.

Entre los motivos señalados por la organización se encuentran que "la licitación se basó en una causa fraudulenta", que "no se respetó la participación ciudadana en decisiones que afectan a derechos fundamentales" y que "el Ayuntamiento quería beneficiarse ninguneando a los ciudadanos alegando que no tienen legitimación para recurrir sus licitaciones".

CONSECUENCIAS Y VALORACIÓN

FONDENEX afirma que esta sentencia abre la puerta a 2solicitar el desmontaje de las cámaras, velocímetros, pantallas, medidores y el precintado del software de inteligencia artificial", así como a la posible recuperación de los cerca de dos millones de euros invertidos y la exigencia de responsabilidades. Además, recuerdan que el Ayuntamiento deberá asumir las costas judiciales.

Por último, la asociación considera que el fallo judicial "demuestra que la ciudadanía puede frenar los abusos de poder" y lo califica como "un precedente relevante para otras ciudades donde se estén imponiendo ZBE sin cumplir los procedimientos legales".