Zonas ZEPA: Comparecencia en la Asamblea del abogado Ángel García Calle

El plan de urbanización de Marina Isla de Valdecañas ha sido uno de los casos más flagrantes de vulneración de la legislación ambiental y urbanística a nivel europeo, estatal y autonómico que se han conocido en los últimos años, así lo afirman desde Ecologistas en Acción.

Son varias las sentencias dictadas en contra de dicho proyecto desde entidades como el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, el Tribunal Supremo y Constitucional, informes del CSIC, y un largo etcétera.

Pero será en junio de 2020 cuando la situación, que parecía continuar el curso de las denuncias tramitadas contra la urbanización, gire drásticamente al conocerse el auto del TSJEx en el que se declaraba la imposibilidad material de demoler los edificios terminados, limitándose a eliminar los que estaban a medio construir, en contra de los resultados de estudios científicos que avalaban la decisión precedente. 

Después de 14 años de lucha administrativa y judicial en contra de la urbanización Marina Isla de Valdecañas, la cual se diseñó y comenzó a construirse en plena zona Red Natura 2000, en febrero de 2022 llegó la última sentencia del Tribunal Supremo en la cual dictaba la demolición de todo lo construido en el complejo urbanístico. 

Ecologistas en Acción de Extremadura, después del éxito conseguido con su último recurso donde paraliza de nuevo las “pretensiones fraudulentas de la Junta de Extremadura”, vuelve a posicionarse en su intervención en la Comisión de Transición Ecológica y Sostenibilidad que se llevó a cabo el pasado 6 de febrero en la Asamblea de Extremadura.

Durante el intenso debate ocurrido sobre la propuesta de ley para declarar 55 zonas ZEPA en la región, el abogado Ángel García Calle, activista y coordinador de Ecologistas en Acción de Extremadura, ha negado que esas zonas mencionadas no estén ya declaradas formalmente y aseguró que el texto que se pretende aprobar es inconstitucional.

Asegura que de aprobarse la propuesta de ley del Grupo Socialista, la cual pretende avalar lo ya construido en zonas ZEPA si no han causado perjuicio, también podrían formularse “demandas de responsabilidad patrimonial” sobre aquellas otras urbanizaciones o construcciones que se han impedido porque vulneraban la protección de una zona ZEPA sirviendo como precedente para futuros ataques contra el territorio.

Desde Ecologistas en Acción de Extremadura han anunciado que actuarán con querellas contra aquellos diputados que voten a favor de dicha propuesta de ley.