El Gobierno dará becas de 12.000 € al año para preparar estas oposiciones
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a una nueva convocatoria de las becas SERÉ, una iniciativa impulsada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Estas ayudas tienen como objetivo garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a los cuerpos más altos de la Administración de Justicia, especialmente la Carrera Judicial y Fiscal, el cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y los Abogados del Estado.
La convocatoria contará con una dotación total de 15,6 millones de euros y permitirá conceder hasta 1.300 becas, con una cuantía individual de 12.000 euros anuales, renovables durante un máximo de cuatro años. La intención del Ejecutivo es asegurar que el acceso a estas profesiones esté guiado por el mérito y la vocación, y no por la situación económica de los aspirantes.
Desde su lanzamiento en 2022, el programa SERÉ ha experimentado un crecimiento significativo. En apenas tres años, el presupuesto destinado a estas ayudas ha pasado de 1,6 a 15,6 millones de euros, y el número de becas concedidas se ha multiplicado por más de cinco.
Además, el Proyecto de Ley para el fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, actualmente en trámite parlamentario, contempla asegurar legalmente la continuidad de las becas SERÉ. Este blindaje incluirá la fijación de una cuantía mínima equivalente al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), consolidando así su estabilidad a largo plazo.
Las ayudas se otorgarán mediante concurrencia competitiva y podrán comenzar a percibirse desde el mes siguiente a la notificación. Para los aspirantes a jueces y fiscales, existe la opción de combinar la beca con un programa de apoyo personalizado, que incluye preparación individualizada por parte de profesionales en activo seleccionados por el Centro de Estudios Jurídicos.
Este acompañamiento formativo contempla sesiones semanales -presenciales o virtuales-, tutorización continua y seguimiento individualizado. El objetivo es reforzar las posibilidades de éxito de los aspirantes y ofrecerles herramientas pedagógicas que complementen la ayuda económica. Esta medida se enmarca dentro de las reformas más amplias del programa Justicia 2030, orientado a modernizar el sistema judicial y hacerlo más accesible para todos.