CCOO exige al nuevo Gobierno que invierta 3.000 millones para el AVE extremeño

CCOO de Extremadura reclama al nuevo Ejecutivo nacional un trato preferente hacia la región en la inversión en infraestructuras ferroviarias y en la lucha contra el paro.

El sindicato considera que en estas dos cuestiones, Extremadura presenta unos “déficits notables” con el resto de España que precisan del concurso del Estado para ser resueltos.

Desde el sindicato esperan que el nuevo ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, atienda a las demandas de Extremadura y se inviertan en la región durante esta legislatura "los más de 3.000 millones de euros que estaban previstos para la construcción del AVE y nunca se gastaron".

Estos fondos, según manifiestan, “se han de destinar fundamentalmente a la electrificación de las líneas de Badajoz a Madrid y de Mérida a Puertollano, las dos básicas para mejorar el tráfico de personas y mercancías”.

Por otro lado, CCOO reclama que el Gobierno central ha de tener una especial consideración a la situación de desempleo elevado de Extremadura con la puesta en marcha de un plan de choque contra el paro que incluya políticas activas de empleo e inversiones en infraestructuras productivas, industrial y de transformación.

Entre los retos que el presidente Mariano Rajoy se ha marcado, está la reforma del sistema de financiación autonómica. “Extremadura se juega mucho en esta negociación puesto que la sostenibilidad de su sistema público depende en gran parte de esta financiación”, indican desde Comisiones Obreras.

Por eso, CCOO advierte que es necesario “pensar antes en las personas que en los territorios” y que “se necesitan grandes pactos en ámbitos como la sanidad y la educación para que el sistema esté equilibrado y sea justo”.

Precisamente, desde la dirección confederal de CCOO se ha hecho pública una declaración en la que se emplaza al Ejecutivo a abrir un nuevo tiempo de diálogo y pactos para cambiar legislaciones pasadas y abordar reformas y políticas futuras, sin líneas rojas, y con el único límite que impone la interpretación flexible del texto constitucional.

“La economía, el empleo, la legislación laboral, la fiscalidad, el sistema público de protección social, con especial referencia a las pensiones, la lucha decidida contra la desigualdad y la pobreza, la violencia de género o la calidad de los servicios públicos, deberían afrontarse por parte del nuevo gobierno, con altura de miras y voluntad de consenso. Si no lo hace así, se encontrará con fuertes tensiones sociales y parlamentarias”.

CCOO cree que la movilización democrática de las trabajadoras y trabajadores ayudará a transitar por la senda del diálogo y la recuperación de los derechos perdidos. En este sentido, el sindicato señala que resulta “imprescindible” acabar con los capítulos de las reformas laborales que “incrementaron el poder discrecional de los empresarios, que alteraron injustamente las condiciones para el despido individual y colectivo, que redujeron los costes de la indemnización y que modificaron sustancialmente la estructura de la negociación colectiva con la indisimulada voluntad de avanzar hacia la individualización de las relaciones laborales”.