Pacto 'in extremis': las claves del decreto que ha aprobado el Gobierno sobre la vivienda

El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros dos reales decretos en materia de vivienda que amplían hasta 2030 la protección frente a los desahucios y contemplan nuevas medidas sobre los alquileres. Entre las iniciativas acordadas se incluye también la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, así como la limitación de determinadas operaciones de compra de viviendas por parte de fondos de inversión hasta 2028.

Los decretos incorporan además una prórroga de dos años para los contratos de alquiler en vigor cuya finalización esté prevista antes del 31 de diciembre de 2028. El acuerdo alcanzado entre PSOE y Sumar contempla asimismo la renovación automática de determinados contratos, aunque esta medida quedará recogida en un segundo real decreto.

Según fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el acuerdo pretende reforzar la protección de los inquilinos y los derechos de la ciudadanía. La negociación entre los dos socios del Gobierno se ha prolongado hasta última hora y ha provocado que la reunión del Consejo de Ministros comenzara con aproximadamente una hora de retraso, aunque finalmente todos los miembros del Ejecutivo han participado en la reunión.

Entre las principales exigencias de Sumar durante las negociaciones se encontraba precisamente la regulación del alquiler por habitaciones y la prórroga automática de los contratos, dos reivindicaciones vinculadas al Sindicato de Inquilinos, que mantiene una acampada de protesta en la Puerta del Sol de Madrid. En esta ocasión no se ha producido la ausencia de ministros de Sumar que tuvo lugar en la anterior aprobación de medidas de vivienda, cuyo decreto terminó decayendo al no conseguir los apoyos necesarios en el Congreso.

El Gobierno pretende ahora llevar los dos decretos al Congreso este mismo viernes para su convalidación mediante un pleno extraordinario. Los socialistas buscan evitar que vuelva a producirse el rechazo de un decreto de vivienda y trabajan para conseguir los apoyos de sus socios parlamentarios, incluidos PNV y Junts, con el objetivo de garantizar que las nuevas medidas puedan mantenerse en vigor.