El PP exige a la Junta que "de voz" a los afectados de las gasolineras low-cost
21 de Junio de 2016
El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular de Extremadura, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha vuelto a exigir hoy a la Junta que dé voz a todos los sectores afectados por el “decretazo” para regular las gasolineras de autoservicio o low-cost, actualmente en período de exposición pública, antes de su publicación definitiva.
Hernández Carrón ha afeado que el gobierno de Fernández Vara haya adoptado una decisión “unilateral” para regular el funcionamiento de estas gasolineras “sin sentarse previamente con el sector” y “sin debatirlo con el Pleno de la Asamblea de Extremadura".
Así, ha señalado que la Junta “podría haber optado por la vía del diálogo”, reformando por la Ley de Consumo de Extremadura vía ordinaria, sin “hurtar el debate” ante una cuestión que, a su juicio, “genera controversia social”, ya que “cualquier medida que se introduzca podría suponer un encarecimiento de los productos”.
El portavoz adjunto del GPP ha preguntado al Ejecutivo regional por qué en el caso de la sustitución de oficinas de Liberbank por cajeros automáticos en pequeñas localidades, con la pérdida de empleos que esta decisión lleva aparejada, “no hace nada y no decreta ni regula”, sin embargo, “sí interviene” en el caso de las gasolineras.
En esta línea, ha señalado que en cuanto a las gasolineras de autoservicio “la Junta dice que puede producirse una indefensión de los consumidores” si hay “un problema en la máquina de autoconsumo”, pero “no dice nada sobre quién defiende al consumidor si se produce un problema en un cajero automático”.
“No entendemos este decreto ni entendemos por qué se apela a la defensa de los consumidores en el caso de las gasolineras y se regula de manera unilateral, mientras que en el caso de los consumidores de banca, especialmente en zonas rurales, donde hay población de avanzada edad, la Junta no interviene y solo se reúne con los directivos”.
Hernández Carrón ha informado de que el GPP ha mantenido un encuentro con representantes de todos los sectores afectados por el “decretazo de la Junta”, con el objetivo de conocer el alcance de esta medida y ha pedido, nuevamente, que la administración regional “se siente a negociar”, “ya que está en minoría”.
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