La familia desahuciada pide a la Junta una vivienda donde poder vivir

El pasado martes acudíamos a un desahucio de una familia de ocho miembros en la calle Eugenio Hermoso de Mérida. Según la Junta, la propietaria de esta vivienda social, Faustina Saavedra, no residía en ella y tenía otra vivienda privada en propiedad.

En la vivienda social donde se produjo el desalojo vivían por tanto los padres de esta adjudicataria, por lo que la Junta tuvo que proceder al desalojo de la misma.

Hoy esta familia ha ofrecido una rueda de prensa en la sede de Campamento Dignidad. Ejerce como portavoz de estos familiares Nicasio Vargas.

Nicasio explica que la vivienda social fue entregada hace aproximadamente 16 años a Faustina, y que 8 años más tarde sus padres se fueron a vivir con ella ya que no tenían donde vivir. Faustina posteriormente se casó y se trasladó con su marido a una vivienda privada. Nicasio asegura que Faustina tiene separación de bienes con su marido, por lo que asegura que la vivienda privada está puesta a nombre de este último.

En todo caso, reconoce que Faustina no habita en la vivienda social que le fue concedida, pero indica que “es lógico que una hija deje su vivienda a sus propios padres que están en la calle”.

Lo cierto es que en los ocho años que lleva viviendo Ángela y su marido en la vivienda de la calle Eugenio Hermoso nunca han regulado su situación, ni han informado a la Consejería de la necesidad de obtener una vivienda social. Nicasio asegura que desde los servicios sociales “nunca se les ha informado del procedimiento que tenían que realizar para poder hacer un cambio de titularidad de la vivienda”.

El portavoz de la familia considera que debería ser la Junta quien regularizase la situación en el momento que descubrieron que la vivienda estaba habitada por los padres y no por la propia adjudicataria. “Han dejado pasar 8 años. Ángela ha hecho una inversión en esa vivienda para adaptarla a su enfermedad”, insiste.

SITUACIÓN A PARTIR DE AHORA

La situación que se plantea ahora para esta familia pasa por realizar un escrito a la Junta de Extremadura solicitando una vivienda social adecuada a la situación de movilidad que padece Ángela.

También se han puesto en manos del Ayuntamiento para valorar la posibilidad de entrar en el Plan de Alquiler Social que se dispone para casos de extrema necesidad.

CAMPAMENTO DIGNIDAD

Desde Campamento Dignidad han criticado la actuación de la Junta en casos como este. Juan Viera recuerda que el derecho a la vivienda es un derecho constitucional. También ha denunciado el envío de cartas por parte de la Junta “amenazantes” a las familias necesitadas, con las que se les exige el pago de atrasos.

“Pedimos que dejen de amenazar e intenten solucionar esos problemas”. Además, Viera lamenta que se llegue a estos extremos: “Cuando la Junta observa algún impago debe avisar, y no dejar que se acumulen deudas de miles de euros para que después estas familias no puedan hacer frente a la misma”.

Piden a la Junta que lleve a cabo un inventario de los pisos vacíos propiedad de los bancos, los cuales a su juicio “se convierten en escombreras con el paso del tiempo”. “Que negocien y puedan reutilizar esas viviendas”, concluye Viera.