Piden ampliar el plazo para solicitar la PAC por los problemas informáticos

El plazo que establece la orden de 24 de enero de 2019 para realizar las solicitudes de ayudas de la Política Agraria Común (PAC) en Extremadura, comenzaba el pasado 1 de febrero y se mantenía hasta el 30 de abril. En este plazo más de 55.000 beneficiarios de estas ayudas tenían que realizar las solicitudes a través de un programa informático elaborado por la Consejería de Medio Ambiente.

Aunque el plazo comenzó el 1 de febrero, la realidad, según indica La Unión de Extremadura, “ha sido que hasta la primera quincena de marzo el programa no ha empezado a funcionar con regularidad y por lo tanto hasta esta fecha no ha sido posible comenzar a realizar las solicitudes”.

El 8 de abril la Consejería hacía un llamamiento a las entidades homologadas para realizar este trámite para que se agilizasen el ritmo de solicitudes, ya que a falta de 22 días para la finalización del plazo, “apenas llevamos registradas la mitad de las solicitudes”. “La Consejería se comprometía a que dicha aplicación informática estaría funcionando a pleno rendimiento”, asegura la organización agria.

En este sentido, La Unión critica que, “como en otras ocasiones” la consejería “ha vuelto a demostrar que una cosa son sus afirmaciones y otra distinta es la realidad”. “Llevamos más de 48 horas que dicha aplicación informática no funciona, cuando apenas quedan 20 días para finalizar el plazo estipulado, se vuelve a colgar el programa informático para la confección de las solicitudes”, lamenta.

Para la organización no es “admisible” que de 90 días para realizar un trámite, más de la mitad de este tiempo no funcione la aplicación informática: “Esto es sustraer a los beneficiarios los plazos reglamentarios para su gestión”.

Ante esta situación, La Unión Extremadura ha solicitado a la consejería de Medio Ambiente la ampliación del plazo, hasta el 15 de mayo, para realizar las solicitudes de ayudas de pago básico y otras asimiladas, ya que si no se amplía corremos el riesgo de que queden sin solicitarse un número importante de solicitudes.

“Si la Consejería se negase a dicha ampliación nos veríamos obligados a denunciar estas irregularidades ante la Comisión Europea”, advierten.