Podemos denuncia la "inoperancia" del protocolo de desahucios de la Junta

Podemos Extremadura ha denunciado la, a su juicio, "ineficacia absoluta" del denominado protocolo de desahucios que la Junta de Extremadura anunció a finales de 2015.

"La política de vivienda de Vara es la misma que la de Monago", ha señalado el diputado de Podemos en la Asamblea de Extremadura y miembro de la Comisión de Sanidad, Políticas Sociales y Vivienda, Daniel Hierro, ante el segundo desahucio de vivienda social de la última semana en Mérida.

Podemos se negó a colaborar con este protocolo "por considerar que las instituciones públicas no deben contemplar si quiera la posibilidad de ejecutar desahucios, sino que están llamadas a respetar la Constitución Española y garantizar el derecho a una vivienda digna".

Desde la formación morada sostienen que "ahora las circunstancias demuestran que ese protocolo -cuya mesa, además, no se convoca desde hace meses- no está sirviendo para solucionar problemas ni para parar desahucios".

En teoría, continúan, "era la vía para buscar una solución entre distintos agentes antes de realizar un lanzamiento, pero los acontecimientos demuestran que es papel mojado".

Según cuentan, una joven de 24 años y dos menores que tras un proceso de separación habían ocupado ilegalmente una vivienda, fueron ayer expulsados de ésta sin alternativa habitacional, "mientras la Junta mantiene viviendas sociales vacías".

LA JUNTA SE DEFIENDE

En respuesta a estas acusación, la Junta de Extremadura considera que el protocolo antidesahucios "está demostrando que es un buen instrumento para evitar los desahucios de aquellas personas que no pueden pagar, recuperar viviendas ocupadas ilegalmente y poder asegurar un hogar digno a todos los solicitantes de viviendas sociales", y lamenta que el Grupo Podemos no la haya suscrito, "aun estando firmado por las plataformas ciudadanas que defienden políticas activas contra los desahucios".

La Consejería de Sanidad y Políticas Sociales "desmiente rotundamente" que se haya producido ningún lanzamiento o desahucio de familias en Mérida, ya que la vivienda en cuestión no se encontraba ocupada, aseguran desde el Ejecutivo.

Sobre esa vivienda, sita en la calle Juan de la Cosa, explican, la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo tenía un auto judicial de entrada por ocupación ilegal.

"Ante esta circunstancia y en aras de la cautela y la prudencia que la Junta de Extremadura adopta en estos casos, durante meses se hizo un seguimiento para constatar si efectivamente había alguien viviendo en ella. Una vez confirmado por los funcionarios que no había nadie viviendo en ella, se procedió a la apertura de la vivienda con el fin de recuperarla para el parque de viviendas de la Junta".

A las tres horas de proceder a esa recuperación, se persona una mujer diciendo que la vivienda es suya, comprobando que la señora, su pareja y sus dos hijos son adjudicatarios de otra vivienda social en otro de los barrios de Mérida.

Las llaves de esta vivienda recuperada fueron por tanto entregadas a una familia que se encontraba pendiente de adjudicación directa de vivienda a propuesta del Ayuntamiento de Mérida.

Por su parte, la familia que reclamaba esa vivienda, que no ocupaban y que no tenían adjudicada, ha sido atendida en la Secretaría General de Vivienda, donde se les ha trasladado que se atenderá su petición de cambio de vivienda, de la que tienen adjudicada legalmente en la calle Juan Canet a otro barrio de la ciudad, explican desde el Ejecutivo.