CCOO pide medidas efectivas para combatir la pobreza energética en Extremadura

Desde CCOO quieren llamar la atención sobre las elevadas cifras de personas y hogares que son incapaces de mantener un gasto adecuado en electricidad y gas solicitando medidas efectivas por parte de la Administración para resolver este problema social.

Según los últimos datos oficiales del año 2019 la población extremeña que no pudo mantener la vivienda a una temperatura adecuada, algo que se denomina situación de pobreza energética, fue del 11,6 por ciento, pero el alza del precio de la electricidad y la pandemia hacen temer que este porcentaje se haya incrementado notablemente.

En la región extremeña, el porcentaje de personas que tuvieron retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad...) en los últimos 12 meses de 2019 se situó en el 7,2% de la población.

En España, antes de la pandemia, entre 3,5 y 8 millones de personas se encontraban en situación de pobreza energética, según la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024 aprobada por el Ministerio para la Transición Ecológica en 2019.

Aunque todavía no existen datos oficiales, con la pandemia y las olas de frío de este año es probable que la incidencia de la pobreza energética haya aumentado al pasar la población mayor tiempo en casa, en un periodo en el que además disminuían sus ingresos por el deterioro del mercado laboral.

Desde CCOO piden medidas que aborden de manera efectiva la pobreza energética tales como desarrollar mecanismos para evitar el corte de suministro en los hogares más vulnerables o ampliar el bono social.

Tras el fin de la prórroga de prohibición de cortes de luz, agua y gas para todos los hogares que ha estado vigente entre el 14 de marzo y el 30 de septiembre, debe incluirse el principio de precaución en la legislación española en materia de pobreza energética. Este principio consiste en imponer a las compañías la imposibilidad de cortar cualquier suministro hasta que los servicios sociales puedan certificar que no se trata de una familia vulnerable.

El bono social eléctrico debería llegar a más personas puesto que en la actualidad su cobertura (1,1 millones de personas según la CNMC) es muy inferior al volumen de población que el propio gobierno estima está afectado por la pobreza energética. Igualmente, el bono social térmico, cantidad anual que se concede a los beneficiarios del bono social de electricidad para hacer frente a otros gastos energéticos, debe contar con mayor financiación pública y no estar sujeto a la disponibilidad presupuestaria.

Consideran necesarias también otras medidas que incidan en factores estructurales de la pobreza energética como los elevados precios del gas y la electricidad que pagan los hogares españoles, o la deficiente eficiencia energética del parque de viviendas.

Las causas subyacentes de las elevadas facturas se deben a la disfuncional regulación del mercado eléctrico, configurado en torno a un modelo de subastas marginalistas para la fijación de precios. En este sentido, " en CCOO reclamamos una reforma del mercado energético que evite el oligopolio de las grandes empresas eléctricas que se reparten cuantiosos beneficios y, tras una minuciosa auditoria, se tomen las medidas y políticas necesarias para la reducción del precio de la energía. Es necesario eliminar de la factura los peajes y cánones no relacionados con la producción y distribución de la electricidad y el gas. El IVA tendría que reducirse del 21% al 10 %, al tratarse de un bien básico fundamental para tener una calidad de vida suficiente".

Creen que debe impulsarse un plan de rehabilitación integral de edificios y viviendas, priorizando aquellos en los que viven las familias en situación de vulnerabilidad. Tanto el Plan Nacional contra la Pobreza Energética como el Observatorio Europeo de Pobreza Energética reconocen que la falta de eficiencia energética de las viviendas es otro de los factores que acentúa la pobreza energética. España tiene un parque de 25 millones de viviendas en general muy obsoleto, el 60% de las cuales se construyó sin ninguna normativa de eficiencia energética, según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.

Todas estas medidas deben enmarcarse en el objetivo más amplio de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social, y han de contar con una financiación suficiente y estable, y con la actuación coordinada de los diferentes niveles de gobierno y de las administraciones públicas, subrayan desde CCOO.