19 junio 2018
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OPINIÓN: ¿A medida de quién se está haciendo la ley extremeña de los casinos?

Lo sorprendente no es que la Junta quiera convertir a Extremadura en Las Vegas del suroeste europeo, como si las Vegas Altas, las Bajas, las del Alagón, las de ribera de Frenedosa, las de Alqueva, las zonas regables de montaña, las de Tierra de Barros y demás regadíos extremeños en producción o en proyecto no bastaran, y como si sobrase agua en los embalses para abastecer casinos con sus ruletas, sus mesas de blackjack, sus partidas de póquer, de dados y demás juegos de azar.

Lo que verdaderamente asombra es llegar a la conclusión de que la Ley Extremeña de Grandes Instalaciones de Ocio, más conocida como LEGIO, podría ser un chaleco cortado a la medida de alguien. De alguien que posiblemente tiene nombre y apellidos, además de capacidad para manejar centenares de millones de euros.

Y digo chaleco y no chaqueta, gabardina, americana o abrigo porque, ainda mais, parece que se desea que el cliente de la sastrería tenga las manos muy libres. Tan libres que el Consejo de Estado ha encontrado en la ley extremeña de los casinos cinco artículos que vulneran el ordenamiento jurídico vigente, incluida la Constitución.

Destaca entre ellos el artículo 8.2 del proyecto de ley, que supedita a los extremeños y pone sus propiedades al servicio incondicional de los promotores de casinos, hasta el punto de que si el empresario necesita ocupar un terreno y desalojar a sus propietarios, temporalmente o para siempre, la LEGIO le da vía libre para hacerlo.

Por supuesto, al Consejo de Estado no le ha pasado por alto el asunto y dictamina que este artículo conculca la Constitución, infringe otras leyes estatales y no respeta los derechos de los propietarios de los bienes sometidos a expropiación forzosa definitiva o a ocupación temporal.

El proyecto de la ley extremeña de los casinos fue voluntariamente presentado, por el portavoz del PSOE en la Asamblea, que no por la Mesa del Parlamento, como debería haberse hecho, al Consejo de Estado para que emitiese un dictamen facultativo. Lo emitió y alertó sobre la existencia de esas irregularidades legislativas que, de no subsanarse, terminarán con la LEGIO en el Tribunal Constitucional. Y nada entorpece más la gestión pública que hacer leyes para que terminen en el Constitucional.

Curiosamente, en la presentación del texto legal ante el Consejo de Estado se manifiesta que la LEGIO es un proyecto de ley de ámbito general, no elaborado según circunstancias o intereses de particulares concretos. La advertencia suena a que alguien se ha puesto el parche antes de que le salga el grano. Excusatio non petita, accusatio manifesta.

El PSOE dice que corregirá esos artículos que, según el Consejo de Estado, son ilegales, presentando enmiendas parciales durante el debate del proyecto de ley en la Asamblea de Extremadura, que más que como órgano legislativo va a actuar en este caso como taller de arreglos.

Será interesante ver cómo queda el chaleco. Y, sobre todo, quien termina luciéndolo.



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