PP: "No hacer test masivos a los docentes ha sido una decisión totalmente errónea y evitable"

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Cristina Teniente, ha reiterado que no hacer test masivos a los docentes extremeños antes de iniciar el curso 2020-2021 ha sido una decisión “totalmente errónea” por parte de la Junta a la vez que evitable, ya que los ‘populares’ lo habían advertido en repetidas ocasiones, pidiendo que se hicieran esas pruebas para volver a la normalidad con todas las garantías sanitarias para las familias y los docentes.

La portavoz ha recriminado la “ocurrencia” de Fernández Vara al defender que los docentes en Extremadura no tendrían test porque, según el presidente de la Junta, “no sirven para nada”. Por ello, el Grupo Popular ha anunciado que preguntará en el pleno de la Asamblea cuáles son los criterios técnicos y médicos para adoptar esta “irresponsable” decisión. Para Teniente, esta última ocurrencia es “de todo menos tranquilizadora” para los padres y profesores.

Cristina Teniente ha afirmado que está en juego el control de la pandemia, miles de empleos y la supervivencia de muchas empresas, y que es obvio que la situación vuelve a complicarse en Extremadura, como reflejan los datos.

El PP también preguntará la Junta los motivos por los que no está pagando las ayudas urgentes a los miles de autónomos y pymes de la región, derivadas de lo decretos tramitados por vía de urgencia. Para los ‘populares’ esa urgencia ha quedado al final sólo en el título de dichos decretos. Así, Teniente ha revelado que hay 55.000 autónomos extremeños esperando las ayudas. De las 64.000 ayudas, sólo se han resuelto en torno a 9.000. Por lo que hay decenas de miles de autónomos con dramas personales detrás de los datos, y las ayudas, que en teoría se dan por concesión directa y orden de llegada, están retrasadas en algunos casos desde junio.

El Grupo Popular ha anunciado que también preguntará en la sesión del jueves a la consejera de agricultura por los recortes de la PAC, ya que estos recortes fueron negados en por la Junta de Extremadura en los últimos plenos y ahora hay documentos oficiales de la Administración que vienen anticipando que el recorte en la Política Agraria Comunitaria puede superar al 10%. “Queremos saber cuáles son las razones por las que han ocultado estos recortes”, ha aseverado la portavoz.  

Teniente ha comunicado que el GPP ha solicitado la comparecencia de la consejera de Educación para que informe sobre las gestiones realizadas en el ámbito de la vuelta a la normalidad en las aulas. Asimismo, ha recordado que esta comparecencia junto a la del consejero de Economía serían las primeras que se solicitarían para que se dé cumplida cuenta de cómo se está garantizando la seguridad para miles de docentes, alumnos y familias.

PROPUESTAS EN EL ÁMBITO SANITARIO

Por otra parte, Teniente ha informado de dos propuestas en el ámbito sanitario, una de ellas sobre las medidas de carácter retributivo del personal sanitario de los servicios esenciales, como personal de residencias, servicios auxiliares, transporte y mantenimiento. En lugar de premiarles como se ha hecho en otras CCAA, con mejoras de salario o pagas extraordinarias, el GPP ha denunciado que la Junta congele el sueldo de los trabajadores e incumpla los compromisos adoptados con el personal, por eso “nos encontramos que el personal sanitario está huyendo de la región”.

El GPP, mediante otra iniciativa, instará a la Junta a habilitar una partida presupuestaria concreta para reforzar las plantillas del personal de administración y servicios que desempeña su trabajo en los centros educativos. Especialmente, para partidas dirigidas a labores de limpieza y desinfección de los espacios, así como para dotar a las administraciones locales de recursos suficientes para que organicen y refuercen estos servicios en los centros de sus localidades.

Además, el GPP llevará al pleno del jueves una propuesta de pronunciamiento instando a las Cortes Generales a apoyar la Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de las personas y cosas en las comunidades de propietarios. En este sentido, se pide el endurecimiento de las penas por ocupación ilegal en casos de violencia o intimidación, la restitución de la vivienda en un plazo de 12 horas o anular empadronamientos en casos de ocupación ilegal.