Los datos aportados por el Ministerio de Inclusión Social acerca del número de hogares que cobran el Ingreso Mínimo Vital y las cantidades medias que ingresan esos hogares ponen de manifiesto el fracaso de esta ayuda social.
El ingreso mínimo vital que fue anunciado como la panacea que iba a terminar con la pobreza en este país está resultando frustrante para muchas familias que viven en la precariedad y en la exclusión social; es un desastre total por muchas razones.
Campamento Dignidad y la Marea Básica señalamos en su momento que estábamos ante una renta mínima más, que no iba a dar respuesta a la verdadera situación de miles de familias en estado de precariedad y pobreza, y en la que se repetían todo el conjunto de elementos burocráticos que en síntesis tienen por objetivo configurar un sistema de control de las familias pobres.
Según el Ministerio son 8.290 los hogares que en la actualidad reciben el IMV en la Comunidad Extremeña, en los que a su vez están integradas unas 21.555 personas, con una media de 2,60 personas por hogar. La cantidad media que cobra cada hogar viene a ser de unos 380 euros mensuales.
Las cantidades a percibir por las diferentes unidades de convivencia que se recogen en los registros oficiales son: unos 469 euros/persona, en el caso de hogares de dos miembros se sobrepasan los 610 euros, hasta un tope de 1034 euros cuando la unidad de convivencia estaba formada por 5 o más personas.
La realidad es muy distinta. El propio Ministerio aporta datos de las ayudas que realmente se pagan (380 euros/mes/hogar), que vienen a ser muy inferiores a las cantidades que se establecen en las normas legales; es difícil que una familia pueda hacer frente a la alimentación, luz, agua, vestidos y otros gastos con estos ingresos mensuales.
Esto es así, porque a la hora de determinar lo que corresponde al IMV de un hogar se tienen en cuenta lo ingresado en el año anterior por los miembros de esa unidad de convivencia resultando que de la cantidad teórica a percibir hay que descontar lo cobrado por término medio mensual en el año anterior, de este modo algunas familias perciben ridículas cantidades de 80, 100 o 150 euros al mes.
Sin embargo, son abundantes los trámites burocráticos que entretienen a los futuros perceptores. Entre otros, recorrer diferentes organismos públicos para conseguir los documentos solicitados. Una vez presentada la documentación solicitada hay que esperar la resolución de la oficina provincial de la seguridad social. La decisión final suele llegar después de varios meses. La lentitud con la que se procede es desesperante, sin duda por la falta de personal en las oficinas de la Seguridad Social.
Los cálculos que se realizan para establecer las cantidades que corresponden a los diferentes hogares de convivencia no son transparentes ni se dan a conocer, y en determinados casos una vez que las familias reciben las cantidades a cobrar, comunicaciones posteriores modifican lo inicialmente indicado, por norma general en cuantías inferiores a las iniciales.
En resumen, la falta de transparencia y justificación acompaña a la determinación final tanto en la aprobación del IMV o en el caso de que no proceda pago alguno. La respuesta tanto en un caso como en otro, viene a ser una especie de misterio difícil de descifrar.
Desde Campamento Dignidad y la Marea Básica exigimos que se establezca una renta básica de emergencia según la Carta Social Europea, que suponga una cantidad digna para vivir decentemente, que se pague a todas las familias que se encuentren en serias dificultades económicas o en un estado de verdadera necesidad, sin tanta burocracia y sin tantos cálculos misteriosos que sólo sirven para controlar y marcar a los pobres.
POR: Campamento Dignidad
