29 noviembre 2020
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OPINIÓN: El Ingreso Mínimo Vital, una "medida estrella" cada vez más rota

De acuerdo a los datos que al final de esta nota se exponen, en los que se reflejan los relativos a la Badajoz y a Cáceres, se observan los límites a todas las medidas contra la exclusión social y la pobreza, anunciadas a bombo y platillo por el ejecutivo.

Resulta cada vez más clara la evidencia de que estas van quedando en nada frente a la gigantesca crisis social y la batería de recortes que se avecina.

Pero es que, además, ni siquiera se están llegando a hacer efectivas. La imagen idílica de su medida estrella, el Ingreso Mínimo Vital, que la coalición PSOE-UP llegó a presentar como “uno de los mayores avances en derechos sociales en la historia de España”, está cada vez más rota y más alejada de todo lo que se anunciaba. Las trabas burocráticas, las interferencias con las rentas mínimas autonómicas o falta de efectivos en la plantilla, que han provocado un importante colapso administrativo del que se aprovechan las administraciones autonómicas para ahorrarse pagos en las rentas mínimas como ocurre en Extremadura.

Incluso hay denuncias de trabajadores hacia la empresa subcontratada para gestionar los trámites –Tragsa–, acusándola de enfangar aún más el proceso, no ser claros con la manera de tramitar las solicitudes, y llegando hasta a obligar a clasificarlos de manera que ninguno pasara a recibir el ingreso. Hasta desde el sindicalismo más oficialista se ha llegado a avisar de posibles movilizaciones de seguir así la situación.

Las trabas, las lentitudes y los atascos burocráticos sin precedentes van más allá del IMV y afectan de forma mucho más generalizada a toda la Administración Pública Nacional y Regional. En cabeza están los Sepes (Servicio Público de Empleo), desbordados con toda la carga de trabajo relacionada con la pandemia, y en muchos casos sin haber retornado a la normalidad, en gran medida ante el temor a situaciones conflictuales en las oficinas.

En esta misma situación, nos encontramos con todo el proceso a la hora de solicitar las citas previas con otras administraciones y servicios públicos que se hacen con lentitud y justificándose en las medidas de prevención sanitaria cuando además lo que se necesitan son contrataciones de personal.

POR: Campamento Dignidad Extremadura


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