OPINIÓN: Un fraude de Ley que podría costar millones a Extremadura

El Decreto 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público -también llamado Icetazo- se encuentra en la actualidad en tramitación parlamentaria, y lo que se apruebe definitivamente será crucial para el futuro de cerca de un millón de personas afectadas en todo el Estado.

Hablamos de personal de sanidad, de educación, de justicia, de la Admón del Estado, las autonómicas, las locales… y puede abrir varios panoramas, pero indudablemente nada volverá a ser lo mismo.

Mientras esto sucede y en una huida hacia adelante, nuestra Junta de Extremadura acuerda con los tres sindicatos cómplices de este sin sentido (CSIF, CCOO y UGT) la convocatoria de la Oferta de empleo público de 2018, 2019 y 2020. Cerca de 900 plazas, que en su mayoría estarán ocupadas por personal en fraude de ley por abuso de temporalidad.

¡¡¡Que nadie se lleve a engaño, no se crea ni una sola plaza nueva, no hay creación de empleo!!!

Y se convoca precisamente esta mesa negociadora el mismo día en el que cientos de miles de empleados públicos temporales han ido a la huelga y se han manifestado en todas las CCAA de España, pidiendo que se acabe con este abuso y que la clase política de este país tenga la suficiente altura de miras para arreglar el desaguisado que ellos mismos han creado, y que el Icetazo tiene en su mano solucionar.

Nuestra Junta, sin hacer caso a la Directiva europea ni esperar a la aprobación del Decreto, no evalúa las posibles consecuencias que pueda tener en el futuro el que gran parte de este personal afectado consiga quedarse en su plaza, ya sea por resolución judicial, o porque el resultado de dicho Decreto así lo certifique, pudiéndose encontrar con el escenario -muy previsible- de que al final por cada plaza de abusado en fraude de ley convocada, tenga que pagar a dos personas, la nueva que haya accedido por esta convocatoria y el trabajador temporal en fraude que la ha ocupado durante lustros o décadas.

Pero es que además, deberían haber informado nuestros responsables autonómicos, tanto en sede parlamentaria como a la ciudadanía extremeña, del enorme coste que tendría para las arcas regionales, el que el decreto se quedara como está actualmente, antes de la actual tramitación parlamentaria.

Los probablemente cientos o miles de trabajadores que salgan a la calle despedidos en base a estas convocatorias, reclamarán su indemnización correspondiente. Como mínimo a 20 días por año trabajado, pero si se aprobara una indemnización mayor, como piden muchos grupos políticos, el resultado puede ser inasumible para muchas de las administraciones públicas.

Baste un ejemplo: A 33 días año trabajado, por 900 personas, teniendo en cuenta su altísima (hablamos de décadas, no de años) antigüedad, estaríamos hablando de más de 40 millones de eurazos que saldrán del bolsillo de extremeños y extremeñas.

¡¡¡Imagínense los miles de empleados que en esta administración están en dicha situación y hagan sus cálculos!!!

Ante este desastre surgen inmediatamente preguntas:

¿Sería posible pedir responsabilidades patrimoniales a los o las causantes de esta debacle por esta detracción de recursos públicos?

¿Sería posible por parte de los opositores pedir responsabilidades patrimoniales por incluir en las convocatorias plazas ocupadas por temporales en abuso y fraude de ley, y que cualquier juzgado, como ya ha pasado, las saque al final de la convocatoria, y se hubieran inscrito, pagado sus tasas, y se dedicaran a estudiar las oposiciones con vistas a que hubiera 50 plazas, y se encontraran tras aprobar que solo son 25? ¿Y si obtuvieran la posición 26?

Como decíamos al comienzo, ya nada será igual, pero tampoco lo será para los 35000 temporales en fraude de ley que de todas las administraciones públicas hay en Extremadura y sus familias, ni a la hora de votar, ni a buen seguro a la hora de las próximas elecciones sindicales, pues ya todos sabemos quién no defiende a los trabajadores temporales en fraude de ley de las administraciones.

POR: Mª Luisa González Galán, presidenta de la Asociación PILTEx (Personal Interino y Laboral Temporal de Extremadura)