Las mujeres gitanas siguen con la tasa de empleo más baja: solo el 17 % trabaja
24 de Julio de 2025
La tercera reunión del Consejo Asesor de Brecha de Género, presidida por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, puso ayer el foco en la situación de las mujeres gitanas y su limitado acceso a los sistemas de protección social. La sesión contó con la participación de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y de la directora general de la Fundación Secretariado Gitano, Sara Giménez, entre otras personalidades del ámbito político y académico.
Durante la jornada, se abordó el diagnóstico de desigualdad múltiple que enfrentan las mujeres gitanas, que a la discriminación por género suman exclusión residencial, pobreza estructural, baja participación laboral y estigmas sociales. “La población gitana es uno de los grupos con mayor riesgo de exclusión social, y las mujeres dentro de ese grupo sufren una desventaja aún mayor”, señaló la ministra Elma Saiz. En su intervención, subrayó la necesidad de “reconocer esta realidad desde su raíz” e impulsar “estrategias inclusivas, participadas y adaptadas a sus circunstancias”.
Según datos de la Fundación Secretariado Gitano, la tasa de actividad de las mujeres gitanas en 2018 era del 38 %, frente al 76 % de los hombres de la misma comunidad. La tasa de ocupación era aún más baja: 17 % en mujeres frente al 44 % en hombres, lo que evidencia una brecha profunda que va más allá del género y se enraíza en factores históricos y estructurales. “Es fundamental visibilizar a las mujeres gitanas como sujetos activos, con capacidad de decisión y liderazgo”, defendió el Consejo.
En este contexto, el Gobierno ha situado al Ingreso Mínimo Vital (IMV) como una herramienta clave para proteger a los hogares en situación de mayor vulnerabilidad. No obstante, la ministra Saiz reconoció que este instrumento debe adaptarse mejor a las realidades de sus potenciales beneficiarias, como las mujeres gitanas, y combinarse con itinerarios de inclusión social, educativa y laboral. "Hay que facilitar su acceso mediante simplificación administrativa, información accesible y acompañamiento social", añadió, destacando el papel del Laboratorio de Políticas de Inclusión en esta tarea.
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