Acusan a Correos en Extremadura de improvisar en la regularización de migrantes

CCOO critica la forma en que Correos está implementando el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes, una medida que el sindicato apoya plenamente por su carácter de política de Estado y su impacto social positivo.

Para CCOO, la regularización responde a una realidad estructural del país: ordenar el mercado de trabajo, aflorar economía sumergida, reforzar las cotizaciones a la Seguridad Social y garantizar derechos a las personas migrantes.

Sin embargo, “la dirección de Correos no ha estado a la altura de la importancia del proceso, ni de la responsabilidad asumida como operador público, ni del respeto que merecen sus profesionales”.

Afirman que en Extremadura, el despliegue del proceso evidencia claramente las limitaciones del modelo adoptado por la empresa.

En el caso de la provincia de Badajoz, se han habilitado tres oficinas en turno de mañana y tarde, con horarios de atención de 8:30 a 17:30. Las oficinas son la Oficina Principal de Badajoz, la situada en San Roque y la Oficina Principal de Mérida.

Mientras, en la provincia de Cáceres, únicamente se ha habilitado la oficina Principal de Cáceres, con horarios de atención de 8:30 de la mañana a 8:30 de la tarde ininterrumpidamente.

“Esta escasa red de oficinas está concentrando la carga de trabajo, generando sobrecarga en la plantilla, que atiende simultáneamente las regularizaciones y la actividad normal, y alejando el servicio de las personas que lo necesitan”.

CCOO considera que se ha perdido una oportunidad clara de aprovechar la capilaridad de Correos. La empresa dispone de más de 2.300 oficinas y presencia en los 8.000 municipios del país, con más de 10.000 empleadas y empleados públicos en su red, lo que la convierte en la mejor herramienta para garantizar el acceso a este proceso.

Sin embargo, se ha optado por un modelo restrictivo, limitando el despliegue a unas 350 oficinas en turno de mañana y 329 en turno de tarde, con apenas 1.500 trabajadores implicados. El sindicato había propuesto habilitar en torno a 1.500 oficinas en municipios de más de 5.000 habitantes, donde se concentra el 85 % de la población, lo que habría permitido acercar el servicio a la ciudadanía. Se ha hecho justo lo contrario: concentrarlo y alejarlo de quienes lo necesitan.

Para CCOO, el problema no es la medida, sino su implementación por parte de la dirección de Correos. El proceso se ha puesto en marcha tarde, mal, con retraso, opacidad e improvisación, pese a que era conocido desde hace meses. La falta de planificación se está traduciendo en una implantación sin los recursos humanos, técnicos y organizativos necesarios, con plantilla insuficiente, formación claramente deficiente, carencias materiales y utilización de sistemas complejos como MERCURIO sin la formación adecuada.

A esta falta de medios se suma la negativa de la empresa a dimensionar correctamente la plantilla. CCOO ha exigido un incremento de refuerzos de al menos el 30 % a nivel general y del 40 % en Andalucía, donde el proceso coincide con un contexto de especial exigencia organizativa, ya que está en pleno proceso de elecciones autonómicas, sin que la empresa haya dado respuesta a esta necesidad”.

Pese a todas estas carencias, CCOO no tiene duda de que el proceso saldrá adelante, pero no gracias a la dirección de Correos, sino al esfuerzo y la profesionalidad de la plantilla. Los casi 400 mandos intermedios y las más de 1000 personas de atención a ventanilla implicados en el proceso están sosteniendo el servicio público en condiciones de enorme exigencia, supliendo con su trabajo las deficiencias de planificación.

Por todo ello, desde el sindicato exigen la corrección inmediata de los errores detectados, el refuerzo de plantilla, la mejora de los medios técnicos y la convocatoria urgente de una reunión real y no simulada como la del 14 de abril que permita reconducir un proceso que, por su alcance, requiere planificación, interlocución y negociación efectiva con la representación de los trabajadores.

Una política pública de esta magnitud no puede ejecutarse como un parche operativo. “El servicio público merece planificación, medios y respeto a quienes lo prestan”, concluyen.